Sin prisa pero sin pausa, parece ser la frase que ha orientado a los desestabilizadores de nuestra incipiente intención democrática. Y es quizás el hecho de que Guatemala viva en un continuum de crisis política, social, institucional y económica lo que nos ha impedido leer con sentido de urgencia un tsunami que se avecina en cámara lenta y puede hundirnos, aún más, en las oscuras profundidades antidemocráticas: la elección de magistrados de cortes y salas de Apelaciones, que se ha venido retrasando maliciosamente por los pactantes de la corrupción y la impunidad.

Este viejo pacto tiene rostros y nombres que han resurgido en el Sistema de Justicia, el Congreso, el Ejecutivo, la diplomacia y la empresa privada, entre otros. Y se volvió a fortalecer cuando el gobierno de Morales se prestó a doblar las cervicales ante sus patrones, quienes insistieron en sacar a la Cicig de Guatemala para poder dormir tranquilos. Siguió con la reconstitución del pacto en las instituciones del Estado que habían trabajado junto a la Cicig en contra de la impunidad y la corrupción. Luego siguió con el ataque a la Corte de Constitucionalidad (CC), a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), al procurador de Derechos Humanos y ahora sigue intentando socavar el proceso de elección de magistrados y jueces, que debió darse hace más de un año.

Los primeros que le metieron zancadilla a este proceso fueron los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial, que no realizaron la evaluación de los aspirantes a jueces y magistrados, violando con ello la ley. ¿Dónde quedaban los criterios de idoneidad, honorabilidad, buen trabajo, experiencia y otros requerimientos a quienes tendrían en sus manos la justicia de un país? La CC, respondiendo a la denuncia de organizaciones de la sociedad civil y de otros sectores ante lo sucedido, ordenó hacer las evaluaciones a los aspirantes, lo cual molestó a muchos.

Luego el Ministerio Público (MP) denunció públicamente a Gustavo Alejos, privado de libertad, quien se había reunido “en secreto” en un sanatorio con diputados y posibles candidatos a magistrados y jueces para torcer la ley a su favor y seguir secuestrando el Estado, con el fin de generar una impunidad aún mayor. En un giro inesperado y estratégico, el MP le dejó la responsabilidad a la CC de ver qué hacer con ese enredo. Con tanta evidencia ofrecida por la Feci, una papa muy caliente quedaba en la CC. Es entonces cuando la más alta Corte ordena al Congreso dejar fuera del proceso a todos los señalados de haberse reunido con Alejos y realizar la elección inmediatamente. La CC aprovecha entonces para recordarles a los diputados que, de no hacerlo así, podrían ser perseguidos penalmente.

La respuesta no se hizo esperar. Los diputados corruptos desobedecieron la orden de la CC, algo que muchos llamamos un golpe técnico que intentaba debilitar, aún más, la fragilísima institucionalidad estatal. El pacto de corruptos probó, sobradamente, que lo suyo jamás habían sido los principios democráticos, y menos el supuesto amor a una patria libre, soberana e independiente. Las cuentas bancarias sensiblemente engrosadas de las mascotas del pacto y el miedo de muchos a pasar más tiempo tras las rejas han mantenido congelado el proceso de elección. Hoy, incluso dentro de una CC afectada por la pandemia, hay magistrados que juegan del lado de los corruptos y tratan de boicotear este proceso para alinearlo con sus intereses.

No está por demás recordar la relación entre la corrupción y el rezago de 40 años en el sistema de salud, además de un 70% de la población que sigue viviendo en situación de pobreza o pobreza extrema. Por eso y mucho más, queremos jueces y magistrados independientes y una justicia para toda la ciudadanía. Queremos una reforma profunda del sistema judicial y del sistema político. Las olas gigantescas de un tsunami que ha llegado lentamente a nosotros amenazan con barrer lo poco de democracia que nos queda, y esto no hundiría solo a unos. Hundiría a Guatemala.