Cualquier ciudadano que ocupe un cargo público, por supuesto debe tener preparación académica y habilidad para trabajar en equipo, pero sobre todo mostrar compromiso democrático y respeto a la institucionalidad republicana. Viene lo anterior porque en la conferencia de prensa brindada el lunes recién pasado por la Fiscal General y su equipo muestra una jefa perdida en cuanto al control de la institución, no encuentra el norte.

En lo personal soy crítico de los procesos de selección que llevan a cabo las Comisiones de Postulación porque se circunscriben a ver diplomas, participaciones en foros o cómo cada quien ha obtenido la mayor cantidad da maestrías o doctorados. Ranulfo Rafael Rojas Cetina acaba de ser electo magistrado al Tribunal Supremo Electoral cuando toda su vida la dedicó al ámbito penal pero la Facultad de Derecho de la Universidad Da Vinci le hizo la upa de cursar un doctorado en derecho constitucional sin llegar (porque era Magistrado a la Corte Suprema) y acreditarlo como doctor sin tesis, así se ubican los puestos.

Consuelo Porras obtuvo la nota más alta para ser Fiscal General. Mostró conocimiento del Ministerio Publico porque dirigió la Fiscalía de Amparos y luego porque fue Magistrada Suplente de la Corte de Constitucionalidad, además de un doctorado, sin embargo, su actuación debe ser analizada con mayor cuidado. El nombramiento de un fiscal especial en el Ministerio Público es una decisión muy delicada y solo puede ser decidida por la propia Fiscal General. No se está frente a una plaza que todos los días se ocupa. Un Fiscal Especial obedece, entre otras, a tres razones fundamentales, la primera, existen circunstancias que obligan a encontrar a una persona con gran objetividad; segundo, el caso amerita el 100% del tiempo y tercero, el caso es paradigmático.

Para la Fiscal General no puede pasar desapercibido que Juan Francisco Sandoval está bajo asedio político de organizaciones y personas vinculadas a los gobiernos de Otto Pérez, Roxana Baldetti, Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, esta dinámica se repite también con Magistrados de la Corte de Constitucionalidad y en este último caso la Fiscal General actúa en contra de la interpretación legal de sentencias que ella misma firmó cuando era Magistrada de esta Corte, así de absurdo el tema.

Heber decidido y contratado una fiscal especial para investigar a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) constituye la decisión más importante de Consuelo Porras al frente del MP y debió haber sido especialmente cuidadosa porque tras un operativo con información de inteligencia se muestra a la propia jefa del MP en gallo de casos importantes toda vez que la pareja de la Fiscal Especial es extraditable a los Estados Unidos por narco e incluso ha trascendido también con relación ciertos delitos contra la vida.

Consuelo Porras promovió proceso penal porque Thelma Aldana contrató a un ex Magistrado de la Corte Suprema y Decano de Derecho de la Usac como catedrático en el área de capacitación del MP y se argumentaba que el contratado no asistía, hoy la propia jefa del MP se escuda en que no puede estar detrás de cada trámite, muestra su falta de objetividad y rigor legal, sobre todo cuando este último proceso está en reserva con un juez cuestionado.

La Fiscal General no apoya a la Feci, es aplaudida por net centers vinculados a la corrupción oficial, sus respuestas son erráticas y carece de compromiso democrático. En la conferencia de prensa debió haberse disculpado con el pueblo, con los fiscales y listo, pero en vez de ello echa culpas, justifica lo injustificable y no muestra estar a la altura de las exigencias republicanas que el Ministerio Público le reclama.