Estados Unidos
Al grano
Un Ministerio Público para el futuro
Mirando al futuro, debemos recordar el pasado y el largo camino recorrido por la Humanidad para llegar a vivir en libertad bajo la ley.
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Durante siglos, el poder de castigar fue una potestad casi absoluta del soberano. Bastaba la sospecha, la conveniencia política o el simple capricho para que una persona fuera privada de su libertad. Primero se encarcelaba; después —si acaso— se averiguaba. La historia del derecho penal es, en buena medida, la historia de una lucha larga y difícil contra esa arbitrariedad.
La sociedad guatemalteca puede soñar con un mejor futuro, también, en lo que a sus instituciones fundamentales se refiere.
Con el tiempo, y a un costo humano enorme, las sociedades comprendieron que el poder de perseguir el delito debía estar sujeto a reglas estrictas. Surgieron así garantías hoy consideradas elementales: la prohibición de detenciones arbitrarias, la exigencia de causa probable, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el principio de legalidad. Nada de esto fue un regalo. Todo fue conquistado frente al abuso del poder.
En ese proceso histórico aparece una institución clave: el Ministerio Público. Al ejercer la acción penal, este órgano del Estado concentra una de las potestades más delicadas que existen: investigar, acusar y llevar a una persona ante los tribunales. No se trata de un poder menor. Es la puerta de entrada al uso legítimo de la fuerza estatal contra un ciudadano.
Por eso, pensar en un Ministerio Público para el futuro de este país exige partir de una idea central: su misión no es solo perseguir el crimen, sino hacerlo dentro de los límites más estrictos del Estado de derecho. Un Ministerio Público fuerte no es el que acusa más, sino el que investiga mejor; no el que responde a presiones políticas, sino el que actúa con independencia; no el que busca aplausos, sino el que se somete a la ley.
La sociedad necesita la certeza de que las infracciones a la ley serán perseguidas de manera profesional, técnica y objetiva. Pero necesita, con igual intensidad, la garantía de que nadie será molestado por investigaciones infundadas, selectivas o utilizadas como herramientas de intimidación. Ambas cosas son inseparables. No hay verdadera justicia penal sin eficacia, pero tampoco sin límites.
Un Ministerio Público moderno debe estar guiado por criterios claros: independencia real frente a los poderes políticos y económicos; profesionalización de sus fiscales; uso responsable y proporcional de sus facultades; y mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas. La discrecionalidad sin controles no fortalece al Estado; lo debilita y lo desacredita.
La magnitud de lo que está en juego en estos momentos, en esta encrucijada de la vida nacional, es difícil de exagerar. Las garantías contra persecuciones injustificadas, politizadas o carentes de sustento son uno de los pilares que distinguen a las sociedades libres de aquellas gobernadas por el miedo. Allí donde el ciudadano sabe que el poder penal no se usa como castigo político ni como arma de presión, florece la libertad bajo la ley.
Defender un Ministerio Público independiente y responsable no es proteger a los delincuentes. Es proteger a todos. Es afirmar que el poder del Estado existe para servir a la justicia, no para someter voluntades. Es, en última instancia, honrar una de las conquistas más valiosas de la civilización jurídica: que nadie puede ser perseguido sino conforme a la ley, y que incluso el poder que acusa debe rendir cuentas.
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