Termina el 2022 con pocas luces para distintos sectores. El deporte, la educación pública escolar y universitaria, la salud y la infraestructura hablan por sí solas. Guatemala está fuera de los ciclos olímpicos, la educación escolar gira en función de los mandatos de la dirigencia sindical que encontró en los apoyos políticos la gallina de oro para babosearse a ministros, y la Universidad de San Carlos es condenada a la desidia y mediocridad por sus autoridades formales, echando a tierra el sueño de miles de patojos con ansias de superación y servicio; con la salud, mejor ni comentar, a la vista el desastre en el manejo del covid y la red de atención primaria para, por último, hacer deporte extremo al hacer turismo interno.

Ni idea de qué sea peor o menos malo, pero lo cierto es que, por otra parte, sin un sistema de justicia cercano a la población, no existe ninguna posibilidad de lograr la convivencia en paz. Dos son los atributos para cualquier juez, el primero se llama legitimidad y el segundo lo conocemos como imparcialidad.

Entendemos por legítimo aquello con la razón como fundamento, aquello que entendemos como justo; de allí hay una abismal diferencia entre derecho y ley. Una ley puede ser injusta, pero el derecho jamás lo es. Nuestras máximas autoridades judiciales, léase quienes juegan el papel de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, han dictado fallos que a todas luces son distintos en similares situaciones para opositores al gobierno que para simpatizantes, además llevan más de tres años de exceso en sus funciones, por lo cual, sin duda alguna, también en estricta legalidad sus decisiones tienen un pecado original enorme, pero lo peor, y esto platicado con varios amigos de distintas ideologías, nadie supone su imparcialidad, lo cual es más grave, jueces parciales rompen cualquier estructura legal.

Por otra parte, la Corte de Constitucionalidad se adoptó en nuestra Constitución como Tribunal permanente para asegurar el control del ejercicio del poder. Si un Tribunal Constitucional deja de controlar el poder, su existencia no tiene objeto. Faltan tres meses y pico para completar dos años de esta magistratura y no ha dictado un solo fallo de control, todas sus decisiones se enmarcan en luz verde para las decisiones legislativas o ejecutivas impugnadas, llegándose a estadísticas pocas veces vistas, así que si bien los fallos deben ser discutidos por calidad y jamás por cantidad, también es cierto que este dato reviste un barniz importante porque sabemos que ni el Congreso ni el Ejecutivo son amantes de someterse a derecho.

Por último, el Tribunal Supremo Electoral, que tiene como miembro titular a un personaje que goza del puesto porque que le dieron el premio por apoyar primero y boicotear después la reforma constitucional hasta con título falso de doctor y además sus colegas fueron electos por favores políticos, nos brinda un espectáculo de tumbos en decisiones bastante opacas para gastar a manos llenas dinero ajeno e “innovar” en el proceso electoral. En este contexto apuestan a unas elecciones con violencia, al no generar serenidad desde el árbitro.

Desde los primeros años de Derecho sabemos cómo la paz se garantiza con un sistema de justicia con credibilidad. Por ello los acuerdos paz firmados hace más de un cuarto de siglo esperaban construir algo distinto a lo que hoy tenemos. Es cuestión de nosotros exigir el funcionamiento del sistema y no ser simples desidiosos espectadores de la repetición histórica del abuso, a pesar de que sectores importantes de poder procuran la pérdida constante y permanente de nuestros derechos como política de gobierno y por eso rigen desde la tacha al pensamiento ajeno, la amenaza y el miedo. ¿Eso queremos para las nuevas generaciones?