Estados Unidos
Civitas
Un subsidio suicida
Al final, quienes prometieron ser distintos están tomando decisiones que se parecen demasiado a las que antes criticaban.
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Hace no mucho, en este mismo país, escuchar la palabra “subsidio” en boca del gobierno era suficiente para encender las alarmas. No porque fuera una medida nueva, sino porque quienes hoy están en el poder la señalaban como el ejemplo perfecto de todo lo que estaba mal: populismo, improvisación y una acción más del “pacto de corruptos”.
Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, el alza internacional del petróleo llevó al Ejecutivo a impulsar subsidios a los combustibles. La medida implicó una ampliación presupuestaria de millones de quetzales, vendida como un alivio inmediato para los guatemaltecos. La crítica en ese entonces era contundente: los subsidios no resolvían el problema, únicamente lo maquillaban mientras trasladaban el costo al Estado.
Hoy, frente a un nuevo aumento en los precios, el oficialismo propone exactamente lo mismo. Diputados impulsan iniciativas para subsidiar nuevamente los combustibles, trasladando el costo al presupuesto público y presentándolo como una respuesta responsable ante la presión económica. El problema deja entonces de ser económico y pasa a ser político, porque quienes construyeron su narrativa cuestionando estas decisiones hoy las replican sin mayor resistencia.
Sin embargo, hay una pregunta que deliberadamente se evita en la discusión pública: si el problema es el precio de los combustibles, ¿por qué la primera reacción del Estado es gastar más dinero y no revisar lo que ya le está cobrando al ciudadano?
¿Por qué la primera reacción del Estado es gastar más dinero y no revisar lo que ya le está cobrando al ciudadano?
Cada galón de gasolina en Guatemala no solo refleja el costo del combustible, sino también una carga fiscal importante. A través del impuesto a la distribución de petróleo (IDP), el Estado cobra Q4.60 por galón de gasolina regular y Q4.70 en gasolina superior. Este impuesto fue creado con el propósito de financiar el mantenimiento de la red vial, inversión en infraestructura y transferencias a municipalidades, bajo la lógica de que quienes utilizan los combustibles contribuyan directamente al desarrollo del país.
El problema es que esa lógica, en la práctica, crea más dudas que certezas. Basta con preguntarse si el estado de las carreteras, la calidad de la infraestructura o la ejecución municipal reflejan realmente ese nivel de recaudación. Porque si el ciudadano paga ese impuesto cada vez que llena su tanque, pero no percibe resultados claros, la discusión ya no es solo económica, sino profundamente política.
En ese contexto, proponer subsidios sin siquiera cuestionar esa carga previa resulta, como mínimo, contradictorio. Se mantiene intacto el cobro, pero se utiliza dinero público para compensar parcialmente el impacto, generando la ilusión de alivio sin tocar el fondo del problema. Es una fórmula cómoda para el poder: evita decisiones difíciles y permite sostener una narrativa de acción inmediata.
Por eso los subsidios resultan tan atractivos en el discurso público. A simple vista, pareciera que funcionan: dan la impresión de aliviar el golpe inmediato y de que el gobierno está actuando. Pero ese alivio es temporal y engañoso. En la práctica, no eliminan el costo; solo lo trasladan. Se convierten en gasto público adicional que, si no se compensa con más ingresos o recortes, aumenta el déficit fiscal y termina financiándose con deuda o ajustes en otras áreas. Lo que hoy se presenta como ayuda, mañana se convierte en una carga que el mismo ciudadano termina pagando y abre más espacio para el uso discrecional de recursos públicos.
Eso es lo que molesta. No solo el subsidio, sino lo que confirma: que al final, quienes prometieron ser distintos están tomando decisiones demasiado parecidas a las que antes criticaban.
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