¿Sabe usted lo que implica la iniciativa 6054? Pues nada menos que una ley propuesta por el Congreso, que pretende centralizar todas las entidades de competencia ambiental, bajo la sombrilla del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Se incluiría a el Instituto Nacional de Bosques (Inab), al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (Ocret) y las autoridades de las cuencas de los lagos de Amatitlán, Atitlán, Petén Itzá, Izabal y Río Dulce.

La tragedia es que a un ministerio que hasta hoy ha sido estéril y nulo, como muchos otros entes del Estado, le pretendan delegar la rectoría técnica, financiera y administrativa de instituciones tan importantes para proteger nuestros recursos naturales y medio ambiente. Además, esto implicaría para ellos estar manejando un presupuesto anual de cerca de 900 millones de quetzales.

El hecho de que el gobierno de turno pretenda que estas instituciones, que hasta hoy han operado de manera autónoma y han hecho un buen trabajo, pasen a ser reguladas por el MARN realmente pone en riesgo los recursos naturales de nuestra nación. Evidentemente, por el modus operandi de este ministerio y de los diputados ponentes del Congreso —incluso dos de ellos familiares entre sí, lo que genera un conflicto de intereses—, hay grandes probabilidades de que haya oscuros propósitos y que la labor de estas instituciones se vea seriamente dañada si pasan a ser manejadas por ese ministerio de manera centralizada.

No crea que esta ley no le afectará a usted. Nos afecta a todos de manera directa o indirecta, ya que, por ejemplo, cualquier persona que tenga una casa frente al mar, un río o lago tendría que regirse a nuevas regulaciones, sabe Dios con qué nefastas intenciones. Además, el tema ambiental es un componente muy sensible a nivel internacional en estos momentos. Piense, ¿qué pasaría si esos recursos se esfumaran sin ser invertidos en lo que corresponde? Así como han hecho con las carreteras, hospitales y todo el chinchilete del presupuesto del gasto público.

La iniciativa 6054 no solamente atenta contra nuestros derechos como ciudadanos de un país rico en recursos naturales, sino genera un desgaste innecesario para el oficialismo. Marcará de por vida a los diputados que voten a favor de esa ley, que podría traerles serios problemas a muchas personas e instituciones nacionales e internacionales. Además, este cambio vendría a engrosar aún más los procesos burocráticos en el Estado y a volverlos más ineficientes y poco operantes, en un tema que lo que requiere en estos momentos es prontitud y eficacia.

Los únicos que están de acuerdo con esta iniciativa son los propios ponentes representantes del oficialismo. Esta propuesta carece de apoyo popular, y todos los sectores están en contra de este suicidio ambiental. La oposición y rechazo a esta iniciativa es generalizada. Han circulado por doquier comunicados de todos los sectores privados, empresariales, universidades, colegios profesionales, periodistas y organizaciones ambientalistas, entre otros, con el fin que esta gente recapacite, engavete de manera definitiva ese veneno de ley para nuestro país y que esta iniciativa no sea aprobada.

El superministerio que buscan crear algunos diputados para dar un poder total al MARN sobre los recursos del país amenaza el tesoro medioambiental guatemalteco y la biosfera maya. Esta ley sería un retroceso a la descentralización que, de acuerdo con los distintos sectores, el objetivo final es el “control de recursos por el manejo de concesiones y licencias para el aprovechamiento de los recursos forestales u otros”, así como generador de mayor corrupción.