Una coyuntura puede durar horas o años, pero esta ya se tardó demasiado. Quizás porque los titiriteros no cambian. Después de décadas de intención democrática, nuestro sistema electoral y político responde hoy más a una definición de mafias o de corporaciones mercantiles que a una de partidos; el sistema de justicia está secuestrado y podrido hasta las entrañas; las instituciones del Estado funcionan a tono con los deseos del pacto de corruptos; el sistema educativo está definiendo un futuro pobre y mediocre para la sociedad guatemalteca; el sistema social está en aprietos y los coletazos pospandemia y guerra-en-Ucrania se suman a una crisis profunda y de larga data en las economías familiares de la mayoría ciudadana.

La corrupción generalizada es la guinda de este repulsivo pastel y también el fraude sucedido en todas las elecciones importantes recientes (elecciones de cortes, de fiscal general del Ministerio Público, de rector de la Universidad de San Carlos, por ejemplo). Esto pone en evidencia un fraude sistémico que seguro se concretará definitivamente en el fraude electoral que está ya en marcha. Sus operadores están en la Corte de Constitucionalidad y en el Tribunal Supremo Electoral (aunque no solo), lugares dirigidos por magistrados acostumbrados a doblar las cervicales y a jugar con las piezas que el pacto de corruptos les ordena mover en el tablero. Y nos dejan claro que en el Estado, y específicamente dentro del sistema de justicia, los únicos independientes son los pocos jueces, fiscales, defensores y litigantes que hoy enfrentan amenazas o exilio por ejercer libremente su profesión.

Pasó una guerra de 36 años por Guatemala y la sociedad sigue hambreada, cansada, aún con resabios de “susto” de lo que nunca sanamos; empobrecida, abandonada, violentada por las mafias legales e ilegales y secuestrada por idiotas con poder que no son capaces de vislumbrar más futuro que el propio. Miles de personas siguen huyendo de este lugar que no ha llegado a ser país, y son ellas las que terminan, vía las remesas, sosteniendo a miles de familias y comunidades que estarían en mayor pobreza si no fuera por el dinero que reciben de los migrantes guatemaltecos en el exterior, ahora que las remesas representan ya más de un 15% del PIB y ayudan a sostener las economías familiares y una insuficiente macroestabilidad económica.

Vuelvo a los independientes de todos los campos: el de la justicia, el de la libre expresión, el de los derechos humanos, entre tantos más. Los hay. Como el juez Miguel Ángel Gálvez, que ahora está llevando el caso del Diario Militar, así como los más de 25 funcionarios del sistema de justicia o abogados y abogadas que han tenido que salir del país por amenazas a su seguridad y su vida, o quienes han tenido que enfrentar acá procesos por demás injustos. Ya no hay muchos como ellas y ellos, y algunos dicen que es porque “ya nos los hacen como antes”: honrados, honorables, incorruptibles, educados, comprometidos con su país, con su ciudadanía, con la historia. Pareciera que están en vías de extinción.

La gente más indeseable y corrupta tiene hoy el poder (visible o detrás de bambalinas), pero eso no sucedió de un día para el otro. Hay mecanismos y andamiajes de oscuridad y corrupción que han hundido sus bases en la historia de los últimos 60 años. Y, aunque se comenzaron a resquebrajar durante la última década, a la primera pudieron recomponerse para terminar la captura del país. Los pactos de elites corruptas llevan demasiado tiempo tejiendo las redes de un Estado putrefacto, violento y desigual. Siguen allí, comprando servidumbres, poniendo su seguridad en las manos de asesinos y colocando perros bravos en las puertas de la que alguna vez consideraron su finca. Todo esto debe cambiar de raíz para que, cuando una niña o un niño nazca en Guatemala, traiga consigo la esperanza y no la condena que ha definido la vida de millones.