En 1990, el Estado de Guatemala ratificó la Convención de los Derechos del Niño, firmada en 1989, en el marco de las Naciones Unidas. El mismo año que caía el Muro de Berlín se derribaba este otro muro, pero pasó inadvertido para el mundo. Quienes creemos que los niños, niñas y adolescentes deben estar en el centro de todas las agendas del Estado supimos que esto fue un verdadero hito en la historia humana. Los niños y niñas pasaron de ser objeto de atención solo cuando cometían un delito o eran víctimas de él a ser sujetos de derechos. Adquirieron —en teoría— el derecho a tener derechos y se pidió entonces a los Estados que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, les fuera otorgada protección especial.

Este breve texto pretende ser una invitación a la clase política a que parta del espíritu de esa Convención cuando construya sus planes y programas de gobierno, porque un país siempre será medido por la manera como es tratada su población en general, especialmente sus niñas, niños y adolescentes (NNA). Si ese fuera nuestro termómetro, Guatemala sería vista con horror, porque más del 70 por ciento de la población está compuesto por NNA y jóvenes, y la mayoría de ellos vive en entornos de violencia, inseguridad, maltrato, abandono y pobreza. Esto se confirma en el dato siguiente: entre el 1 de octubre del 2018 y el 30 de abril del 2019 fueron detenidos en la frontera sur de EE. UU. 19 mil 991 niños, niñas y adolescentes no acompañados (95 diarios, en promedio, según cifras de la misma Patrulla Fronteriza y datos recogidos por ODN de Ciprodeni). Sumemos los que viajan acompañados y los que no llegan a esa frontera y tendremos la foto de un país que expulsa a su sangre joven, en lugar de protegerla, cuidarla y darle oportunidades de desarrollo pleno.

La segunda invitación (que es más bien sugerencia) a una buena parte de la clase política sería para que se trasladara a vivir por un tiempo prudencial, con su familia entera, especialmente con sus hijos e hijas, a un cuarto de lámina en un asentamiento urbano, sin agua entubada o potable, o a un caserío alejado de centros de salud y escuelas, o a una zona roja habitada por maras y pandillas. Allí es donde vive una gran mayoría de la niñez y adolescencia de todo el país. Eso, quizás, les ayudaría a entender que recorrer todo el país en tiempo de campaña y cargar a niños para la foto no es lo mismo que vivir la realidad que ellas y ellos viven cada día. ¿Temerían por sus hijas adolescentes cada día, sabiendo que hay una alta posibilidad de que pasen a formar parte de las más de 113 mil entre 10 y 17 años que viven maternidades impuestas y embarazos forzados, producto de una violación? ¿Podrían evitar las presiones de la mara sobre su hijo de 8 años? ¿Qué harían sin agua potable? ¿Cómo responderían ante las extorsiones? ¿A qué centro de salud llevarían a sus hijos al enfermarse? ¿En dónde les darían trabajo a los adultos o a los jóvenes de la familia al saber que viven en esas zonas?

Tenemos el desafío de hacernos país, y esto solo sucede cuando tenemos una niñez, una adolescencia y una juventud dando de sí todo lo que pueden dar. Pero ante realidades tan lapidarias como esa que afirma que uno de cada dos niños y niñas menores de 5 años padece desnutrición crónica, la clase política debería tomar en cuenta cuatro factores fundamentales: 1. Contar con una buena política pública de niñez y adolescencia (que no es el caso de la actual); 2. Impulsar una agenda legislativa urgente a favor de niñez y adolescencia, diseñada con visión de Estado y no de gobierno, sin fines políticos o religiosos; 3. Darle al presupuesto nacional un enfoque de niñez y adolescencia que derive en claras líneas de acción; y 4. Nunca más esta Guatemala debería pensarse y hacerse sin la participación de NNA.

Si seguimos criando niños, niñas y adolescentes en condiciones como las actuales, lo único que podemos esperar es que sigan huyendo de Guatemala, que vivan aquí vidas miserables o que se conviertan en políticos corruptos.