La muerte de nueve personas al finalizar un concierto en Quetzaltenango, la noche del pasado 14 de septiembre, fue un hecho absurdo. Una tragedia que nunca debió ocurrir si en el país se tomaran en serio las medidas de seguridad que eviten la pérdida de vidas humanas en actividades públicas. Algunas versiones señalan que las salidas no se dieron abasto para que los asistentes abandonaran el lugar, mientras que otras indican que las puertas estaban cerradas y decenas de personas quedaron atrapadas cuando la masa comenzó a presionar para salir. Lo peor es que tanto los organizadores como las autoridades evaden la responsabilidad sobre este lamentable suceso que enluta a muchas familias por algo que pudo prevenirse. Hasta el procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, quien tiene la obligación de velar por el respeto a la vida de los guatemaltecos, reaccionó hasta tres días después con un comunicado sin sentido.

Esta tragedia recuerda la ocurrida hace 26 años en el entonces estadio Mateo Flores, cuando murieron 83 personas y 200 más quedaron heridas antes de que se celebrara un partido entre las selecciones de futbol de Costa Rica y Guatemala. En aquella oportunidad, la venta excesiva de boletos llevó a que miles de aficionados intentaran ingresar cuando las localidades ya estaban abarrotadas, lo que llevó a que decenas de personas murieran asfixiadas contra la malla que separa los graderíos del campo. Al igual que en aquella ocasión, en Quetzaltenango se sabe que la cantidad de personas que ingresaron al concierto superó con creces el aforo permitido. La Dirección de Espectáculos, del Ministerio de Cultura y Deportes, había permitido el ingreso de 15 mil personas, pero esa cantidad se duplicó sin que los organizadores tomaran medidas para evitar la saturación.

La Cervecería Centroamericana, promotora del evento, guardó un hermético silencio en las horas siguientes al suceso, como si no le importara la pérdida de vidas humanas. Fue hasta que los medios de comunicación comenzaron a cuestionar la falta de responsabilidad de los organizadores cuando esa empresa emitió un escueto comunicado en redes sociales, el 16 de septiembre, o sea dos días después de la tragedia. Otra muestra de indolencia la dio el alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, quien llegó a decir que el concierto era privado y que las personas asistieron por su cuenta y riesgo, por lo que, dijo, no tuvo ninguna responsabilidad en el hecho. Tan poco le importó la muerte de sus conciudadanos que no declaró luto en la ciudad altense para no afectar el desfile del 15 de septiembre. Estas muestras de indiferencia dejan mucho que desear tanto de algunas empresas como de las autoridades a quienes parece que les tiene sin cuidado la pérdida de vidas humanas.

El procurador de los Derechos Humanos reaccionó ante la tragedia hasta el 17 de septiembre, o sea tres días después, tan solo para expresar sus condolencias y solidarizarse con las familias afectadas, y decir que dará acompañamiento para que las víctimas reciban atención médica. ¿Será que solo eso le corresponde a un defensor de derechos humanos, quien debe velar por el derecho a la vida? Si este señor entendiera su papel como comisionado de conciencia debió iniciar de oficio una investigación a fondo para determinar la responsabilidad de las empresas y las autoridades encargadas del concierto, para luego emitir una censura contra quienes resultaran responsables de la violación al derecho a la vida de las nueve personas fallecidas. Sin embargo, el procurador Córdova parece muy conforme con su papel de adorno para no afectar a las autoridades y a la iniciativa privada, aunque eso signifique darle la espalda a la población, a la que se debe.