Los guatemaltecos empezaremos a sentir pronto el incremento de los precios internacionales del maíz, trigo y soya, especialmente en los alimentos de la canasta básica en varios productos. La fuerte demanda china, que se encuentra a niveles récord, ha disparado los precios internacionales del maíz y a esto hay que sumarle la baja oferta de las cosechas de cereales en países como Ucrania, Rusia o Estados Unidos. Según medios internacionales, entre agosto 2020 y febrero 2021, el maíz ha aumentado 71.5%, la soya 54.48% y el trigo 29.43%.

A la alta demanda china, se le suma los efectos del cambio climático. Las bajas temperaturas en Estados Unidos, como lo que ocurre en Texas y las fuertes sequías en Brasil y Argentina el año pasado, hizo que se tuviera un decrecimiento en los granos, lo cual también está afectando el precio internacional de las materias primas. De hecho, a nivel internacional China ha aumentado 215% las importaciones de maíz, debido precisamente a la recuperación económica que el gigante asiático ha tenido en los últimos meses, luego de la pandemia.

Si a esto le sumamos el aumento del petróleo, que desde agosto 2020 a la fecha ha superado los US$60 el barril, con un aumento del 41%, esto comienza a ser una tormenta perfecta que nos llevará a un incremento en varios de los alimentos y para lo cual debemos comenzar a pensar fuera de la caja y de la coyuntura en que estamos de la elección de cortes, vacunación contra el covid-19 y otros temas.

El Gobierno ante esta situación, podría incentivar programas de riego para pequeños productores, reducir cualquier barrera a la importación de alimentos y eliminar cuellos de botella o quitar costos innecesarios de manera urgente. Esto en el caso de Guatemala, implicaría reducir aranceles a la importación, aunado a una mayor inversión en formación bruta de capital fijo y un aumento al uso de tecnologías que fomenten la eficiencia, así como eliminar cualquier trámite burocrático y permisos que no sean necesarios —acá hay mucho espacio de trabajo ya que Guatemala es según el estudio del BID, el país más burocrático de América Latina, con más de 5,000 trámites al año que se realizan solo desde el Ejecutivo—.

El Congreso de la República también tiene una responsabilidad en retomar una agenda económica para la inversión. Solo para tener una referencia, la falta de buenas carreteras y caminos rurales ha impactado a los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz a tener una inflación del 13.8% y en el caso de Huehuetenango y Quiché una inflación del 10.39%, según cifras reportadas por el INE.

Guatemala no se detiene y el Gobierno está trabajando para que este año sea de recuperación económica, sin embargo, el crecimiento global también tendrá un costo muy alto para la población más pobre si el Congreso de la República no se suma a este esfuerzo por retomar la agenda económica. Vemos que solo han aprobado una de las cinco leyes más importantes en materia de recuperación que se tiene priorizada, con iniciativas tan fundamentales como la ley de zonas francas, la ley de infraestructura vial, la ley que reglamente el convenio 175 de la OIT, la ley antitrámites y la ley que regule el convenio 169 de la OIT, sobre consultas a pueblos indígenas.

Si no vemos acciones claras de manera urgente, el objetivo de una recuperación económica podría no tener los resultados esperados y el impacto a nivel global de los precios internacionales llevará a un mayor descontento social y un aumento del populismo en el país.