La primera alianza público-privada bajo la ley vigente desde hace más de 10 años que aprobó la ley de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica sigue estancada en el Congreso de la República. La iniciativa 5506, que ingresó al Organismo Legislativo en octubre de 2018 y que dispone aprobar el contrato de la autopista Escuintla a Puerto Quetzal, está durmiendo el sueño de los justos, mientras que el resto de América Latina sigue atrayendo inversiones de infraestructura productiva para aprovechar los corredores económicos que se están generando por la salida de varias inversiones de Asia, que quieren establecer una estrategia de nearshoring en nuestros países.

El corredor económico más importante, que conecta Guatemala con Puerto Quetzal, depende de una estrategia clara de aumentar la infraestructura, especialmente la infraestructura vial, y la autopista de Escuintla hacia Puerto Quetzal es una inversión crítica de Q960 millones que podría generar 1,700 empleos directos e indirectos, con beneficios del canon de 41.13 por ciento de los ingresos brutos sin IVA de la concesionaria, lo que significa que Q1.10 millardos llegarían a instituciones públicas, de las cuales cuatro consejos municipales de Desarrollo en Escuintla, Masagua, Puerto San José e Iztapa recibirían más de Q115 millones cada uno.

Este contrato, además de ser el primero de varias alianzas público-privadas que podrían llevarse a cabo en el país, representa pasar de un tramo en pésimas condiciones a una autopista de 42 kilómetros, con un peaje de apenas Q15 y una exención de la tarifa del 75% a quienes viven en las zonas aledañas.

Aprobar este tipo de proyectos en el Congreso de la República ayudaría a darle confianza al país para atraer más inversiones.
De hecho, la Anadie tiene ya seis proyectos adicionales, con estudios de prefactibilidad o factibilidad, pero no se han licitado. Entre todos suman la posibilidad de inversión de más de US$1 mil 500 millones.

El modelo de alianzas público-privadas (APP), normado en el decreto 16-2010, permite, según la ley, suscribir contratos a largo plazo para la creación, construcción, desarrollo, utilización, modernización y ampliación de proyectos de infraestructura vial, transporte, puertos y aeropuertos, y edificación pública.

Por medio de las APP, un privado financia total o parcialmente determinada infraestructura con una distribución de riesgos. Este inversionista tiene derechos y obligaciones, establecidos en un contrato con estrictos indicadores de desempeño. Todos los proyectos APP son propiedad del Estado, por lo que no se privatiza nada. Al adjudicarse el proyecto se debe financiar, construir, operar y mantener la infraestructura con estándares internacionales, así como prestar servicios con excelencia a los usuarios. Al finalizar el contrato se devuelve el activo al Estado.

Si el proyecto de la carretera Escuintla a Puerto Quetzal no se aprueba, no solo el Estado tendrá que invertir en la reparación, por lo cual personas que ni utilizamos esos tramos vamos a tener que pagar por ella, sino que los municipios no tendrán los ingresos del canon, por lo que seguirán siendo territorios con altos niveles de pobreza y sin la inversión en infraestructura adecuada para su desarrollo, y el país habrá perdido la oportunidad de contar con una autopista de primer nivel para conectar dos municipios claves para la estrategia de logística que el país está impulsando, y además se tendrá que indemnizar a la empresa que ganó el contrato.