El jueves 15 de diciembre, siete cuerpos fueron hallados debajo de una plancha de cemento en una casa de la colonia Lomas de Santa Faz, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala. Un día después, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que 6 de las víctimas eran mujeres y que todas murieron de asfixia por estrangulamiento. Al momento de escribir esta columna, la identificación del séptimo cuerpo no había sido posible por su avanzado estado de descomposición.

El hallazgo es por sí mismo terriblemente grave. Siete personas fueron atadas de pies y manos, estranguladas y enterradas en una vivienda de un barrio donde viven decenas de familias. Al referirse al hecho, un locutor de un programa radial manifestó que no importa si se trata de hombres o mujeres, que “asesinatos son asesinatos”.

Sí y no. Por supuesto que las muertes violentas deben ser rechazadas y condenadas sin importar de quién se trate. No es posible que como sociedad sigamos indiferentes observando cómo la violencia cobra la vida de cientos de personas, mientras se retrocede en las políticas y estrategias que en los últimos años generaron una disminución de los homicidios. Queda claro que el control de las instituciones de seguridad y justicia por las redes mafiosas y criminales no solo se traduce en más corrupción, también en mayor violencia e impunidad.

Sin embargo, en muchos de los casos de asesinatos de mujeres hay un patrón común que no se da cuando las víctimas son hombres. Los cuerpos de las mujeres presentan signos de violencia física y sexual que, según las necropsias, ocurrieron cuando aún vivían. Es cierto que este delito afecta a hombres y mujeres, pero lo hace de manera diferenciada.

Y esto no es producto de la casualidad, responde a un patrón de violencia machista profundamente arraigado que refuerza la idea de que las mujeres somos objetos en propiedad y seres humanos de “segunda categoría” a quienes se nos puede agredir y violentar porque es “natural”.

Los asesinatos de mujeres en Guatemala se cometen con odio y con una saña extrema e, incluso, se justifica la conducta del agresor porque actuó “cegado por celos” o “se dejó llevar por la ira”. Peor aún, en muchas ocasiones se culpa a las víctimas de lo sucedido porque “quién las manda a estar ahí” o por “haberse vestido de tal o cual manera”.

El informe de la organización Diálogos La violencia contra las mujeres: más que un problema individual es un problema social da cuenta de cómo entre enero y septiembre de 2022 se registraron 458 muertes violentas de mujeres. Sí: 458. Un 13 % más que en 2021. También documenta otros tipos de violencia, como la sexual, que afecta principalmente a niñas entre 0 y 14 años y a jóvenes entre 15 y 29, según los registros de denuncias ante el MP.

El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar) sigue evidenciando que las violaciones sexuales de niñas en el país son una constante. Entre enero y octubre de 2022 registraron 1,910 embarazos forzados en niñas de entre 10 y 14 años, mientras que la mayoría de los violadores —porque eso es lo que son— continúan libres y sin castigo.

Si seguimos asumiendo que la violencia contra las niñas y las mujeres es un problema individual de quienes la sufren o permanecemos indiferentes y en silencio, porque no somos ni niñas ni mujeres, seguiremos contribuyendo a normalizarlo, justificarlo y perpetuarlo.

Desde el periodismo, los medios y las redes podemos reproducir los discursos de odio, las narrativas de exclusión y las descalificaciones basadas en prejuicios y estereotipos sexistas o mostrar que la desigualdad y la violencia contra las niñas y las mujeres son problemas sociales profundos que es necesario erradicar. #NiUnaMenos