Aleph

Voces desde el fondo

Carolina Escobar Sarti cescobarsarti@gmail.com

“Por primera vez en esta era democrática en Guatemala han coincidido —en un mismo lapso— la elección de autoridades de los tres poderes del Estado, así como de autoridades del poder local y de entidades autónomas y descentralizadas como el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP)”, comienza diciendo el documento en el cual el Movimiento Pro Justicia hace una análisis sobre el complejo contexto de la elección de magistrados y magistradas de las cortes 2019-2024. Momento difícil para una Guatemala que no podría esperar tocar fondo, porque ya está allí. Estamos a las puertas de la segunda vuelta de un proceso electoral que burló todas las apuestas por un cambio profundo del sistema político, dejándonos frente a dos opciones nada o poco afines a las necesarias transformaciones de un sistema negligente, corrupto e impune que venían impulsándose al ritmo del desmantelamiento de estructuras mafiosas y criminales que la Cicig y el MP lideraron a partir del 2015. Por otra parte, lo que ya nos dejaron esas elecciones fue una correlación distinta en el Congreso, que solo veremos cómo se mueve a partir del 2020.

Pero casi tan importante o quizás aún más que la elección presidencial es la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, quienes regirán los destinos de la justicia por los siguientes cinco años, a partir del 13 de octubre próximo. El primer obstáculo a sortear es que será el Congreso actual, en el cual hay decenas de diputados con antejuicios, el que elegirá a dichos magistrados y magistradas. Podrán alegar al final de la elección que todo fue legal, pero ¿quién que esté a punto de pararse tras las rejas de una prisión nombraría a juzgadores probos e independientes para impartir justicia en su caso? “Así las cosas, la elección de magistrados está en el centro de la controversia, pues ha sido evidente que algunos dirigentes gremiales, altos funcionarios de Estado, dirigentes políticos y diputados afectados por investigaciones criminales y antejuicios buscan controlar las resoluciones de las cortes, desde su función como electores, postuladores, financistas de los procesos de postulación, cabilderos y estrategas. Se teme que, por esa vía, socaven las resoluciones de jueces de primera instancia, cuyos nombramientos no pueden controlar directamente y, por lo tanto, no lograr una incidencia tan grande como desearían. Estos temores, denunciados y debatidos en diferentes medios de comunicación y espacios ciudadanos, fortalecen la necesidad de gestionar una fiscalización ciudadana más fuerte y sostenida, alrededor de las comisiones de postulación. De hecho, todos esos elementos ya son notorios en casos que están teniendo movimiento en estos días, entre ellos la denegatoria de varios antejuicios, lo que afecta casos de alto impacto en materia de financiamiento electoral ilícito y delitos en el ámbito de la recaudación de impuestos; absoluciones en segunda instancia de casos fundamentales en la lucha contra la corrupción, como los denominados IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula; entre otros de marcada relevancia”, señala Pro Justicia.

La elección presidencial nos tiene entretenidos, pero los procesos de articulación ciudadana que se vienen dando desde el 2015 (y me atrevería a decir que un par de años antes) no terminan el día que votamos. El mecanismo del voto trasciende las urnas y seguiremos trabajando por una Guatemala con más democracia, libre de corrupción, con independencia judicial, indicadores sociales mejores que se reflejen en el bienestar de las mayorías, y un sistema electoral y de partidos muy distinto al actual. Para sacar a Guatemala del fondo del agujero donde está, hay que sumar más voces. Aunque la elección de magistrados a la CSJ y salas de Apelaciones sea técnicamente definida como una elección de segundo grado, la ciudadanía ha de acercarse y participar en todos los espacios: comisiones de postulación, en los lugares de trabajo, en los medios de comunicación, en las redes, en las calles, en las familias, los parques y las escuelas. Todo niño o niña debería aprender desde pequeño qué significa la palabra “justicia” y encontrar un medio idóneo para practicarla.