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Xochi y el peaje del poder
Si a las carreteras gubernamentales de Guatemala se les aplicara el estándar de seguridad que él dijo exigirle a Xochi, habría que cerrar casi todas.
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El domingo se inaugura Xochi, el Corredor de las Flores, 31 kilómetros de carretera privada que reducen de tres horas a media hora el trayecto entre San Antonio Suchitepéquez y San Andrés Villa Seca. Es una obra de cuatro carriles, financiada por más de 400 inversionistas y respaldada por el BID Invest, sin un solo quetzal del tributario. Una obra de clase mundial digna de admirar y de felicitar a los empresarios que se atrevieron a arriesgarse. Junto con la VAS, nos presentan al mundo como país pionero en el desarrollo de carreteras completamente privadas.
Defender a Xochi no es defender a un grupo de empresarios; es defender nuestro futuro, ese donde las reglas valen para todos.
Pero, 10 días antes de cortar la cinta, el alcalde de Mazatenango, Carlos Villagrán, colocó mantas con la leyenda “obra cancelada” y suspendió la licencia de construcción. Su argumento oficial fue la seguridad vial. Casi nadie le creyó que ese era su objetivo. El conflicto se resolvió en menos de 72 horas: la comuna dio marcha atrás, renovó la licencia y retiró a la Policía Municipal. El affaire tuvo un final feliz. Lo inquietante es cómo se alcanzó la solución, porque no fue gracias a las instituciones que debieron impedir el bloqueo, sino a la presión de las cámaras empresariales, de los medios y de miles de ciudadanos en redes sociales.
Un sistema que solo funciona cuando alguien reúne suficiente poder informal para contrarrestar el abuso de los funcionarios no es Estado de derecho —es gobernanza por correlación de fuerzas—. Y ¿qué pasa con el inversionista que no tiene cámaras empresariales, ni periodistas ni tuiteros defendiéndolo? ¿Cuántas licencias se retienen en silencio, lejos de los reflectores, sin que nadie levante una manta de protesta?
No se necesita probar la corrupción detrás de las acciones del alcalde y su concejo; la teoría lo explica muy bien. Cuando del otro lado de la mesa hay ocho años de inversión y una obra prácticamente terminada —costos hundidos que no tienen otro uso—, la licencia municipal deja de ser un instrumento técnico y se convierte en un activo propenso a la extorsión. De hecho, la muni de Mazate cumplió al dedillo con esperar hasta el momento de mayor presión para dar el zarpazo. Los economistas llaman a esto el problema del atraco, el hold-up. No por nada sobre la muni de Mazate pesan denuncias previas de usar la renovación de licencias para exigir sobornos —como muchas otras alcaldías, hay que hacer la salvedad—.
Pero culpar solo al alcalde sería un diagnóstico incompleto. El verdadero problema es el diseño que vuelve rentable ese comportamiento. Mientras la discrecionalidad municipal siga sin contrapesos ágiles, el episodio se repetirá con otros nombres y en otros municipios.
El daño real no lo sufre tanto Xochi, recae sobre la prima de riesgo que todo inversionista racional sumará al evaluar a Guatemala. La señal que llega al mundo no es “el conflicto se resolvió”, sino “cualquier proyecto puede quedar rehén de un alcalde y la única garantía es tener poder para presionar”. En plena disputa regional por atraer inversiones, esa percepción es un impuesto invisible que encarece cada decisión de inversión.
Hay, además, una ironía que el alcalde quizá no midió. Si a las carreteras gubernamentales se les aplicara el estándar de seguridad que él dijo exigirle a Xochi, habría que cerrar casi todas. Guatemala no necesita más discursos sobre atraer inversión, sino menos discrecionalidad que la espante. Mientras un funcionario local pueda detener con una manta una obra de cientos de millones de dólares, ninguna campaña de promoción bastará. Defender a Xochi no es defender a un grupo de empresarios; es defender nuestro futuro, ese donde las reglas valen para todos y no dependen del humor o la avaricia del alcalde de turno. Esa carretera abrirá el domingo. La certeza jurídica, en cambio, sigue esperando que alguien la inaugure.
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