Estados Unidos
Estado, empresa y sociedad
Y llegó el momento
Debemos exigir que la nómina de seis seleccionados por la Comisión de Postulación sean todos personajes impolutos y que el presidente Arévalo escoja al mejor.
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Hace casi un año, en este mismo espacio escribí: “A un año del cambio de Fiscal General”. Ahora, el presidente Bernardo Arévalo debe tomar la decisión más esperada de su mandato. Aunque el mandatario estará supeditado a la idoneidad, honorabilidad, capacidad e independencia de los seis integrantes de la nómina que esta semana trasladará a su despacho la Comisión de Postulación, integrada por 15 profesionales del derecho que han tenido la responsabilidad histórica, ética y patriótica, de haber evaluado y calificado a los 59 aspirantes a Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República (FG).
Hemos sido testigos de las luchas de poder para sustituir a quienes terminan su período.
Siendo este cargo tan importante, poderoso y clave para que prevalezca la seguridad y la justicia en el país, la legislación establece que, aunque constitucionalmente el presidente de la República puede remover al FG, sólo puede hacerlo por causa justa, debidamente establecida por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando haya una sentencia condenatoria. En otras palabras, es imposible removerlo, tanto el actual como el que nombrará el presidente Arévalo.
Como promesa de campaña, el presidente Arévalo ofreció a sus votantes que removería a la FG, para lo cual remitió al Congreso de la República una reforma a la Ley del Ministerio Público (artículo 14) que, hasta ahora, no ha conseguido los votos necesarios para convertirse en ley de la República.
Este año hemos sido testigos de las luchas de poder para sustituir a quienes terminan su período para el que fueron designados, tales como los magistrados del Tribunal Supremo Electoral —TSE— (marzo), los magistrados de la Corte de Constitucionalidad —CC— (abril), el Fiscal General del Ministerio Público -MP- (mayo), el Rector de la USAC (junio); y próximamente el Contralor General de Cuentas —CGC— (octubre), el Presidente del Banco de Guatemala —BG— (octubre), y el Superintendente de Bancos —SIB— (octubre), de quien depende la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Estando a las puertas de la elección y nombramiento del FG que estará al frente del MP durante los próximos cuatro años, debemos exigir que la nómina de seis seleccionados por la Comisión de Postulación sean todos personajes impolutos y que el presidente Arévalo escoja al mejor de los seis, porque de eso dependerá que el MP cumpla a cabalidad su “principal objetivo” que es “velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, correspondiéndole “el ejercicio de la acción penal pública”, procurando la “realización de la justicia”; actuando “con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad, en los términos que la ley establece”, de acuerdo con la Constitución Política de la República y la Ley del Ministerio Público (MP).
En diversos medios de comunicación, tanto tradicionales como en redes, han venido circulando las fotografías, nombres, cargos y demás referencias de cómo y por quién han venido votando y votarán cada uno de los 15 comisionados que integrarán la nómina de los seis candidatos finalistas, una trascendental decisión que los marcará y acompañará el resto de su vida profesional, familiar y personal. El éxito o fracaso de este proceso, depende ahora de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, los 12 decanos de las facultades de derecho o de ciencias jurídicas y sociales de las universidades del país, la presidenta de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios, y la presidenta del tribunal de honor de dicho colegio. Y, obviamente, de lo juicioso que sea el presidente Arévalo al nombrar al nuevo FG escogido de la nómina de seis candidatos finalistas.
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