Junto con las primeras lluvias de mayo cayó, como un vendaval inesperado, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Zury Ríos y la admisión del Estado de Guatemala de haberla violado electoral y constitucionalmente. Un acto con matices y subtextos simbólicos, viniendo de una institución caracterizada por su histórica conformación de funcionarios de izquierda, generalmente distantes a las reclamaciones de otras ideologías.

En Washington, al caminar por los largos corredores de esa sede, repletos de fotografías sobre temas de genocidio y diseños diversos afines a los derechos humanos, se percata el visitante de que la declaración de su posición política está escrita en las mismas paredes. Por ello es trascendente el Informe de la CIDH respecto de la candidatura de Zury Ríos Sosa. La CIDH se ha separado de su agenda habitual y ha tenido que adoptar una postura más apegada al “derecho humano”, habida cuenta de la incómoda posición de sostener un contraargumento.

El tema de la “maldición generacional” constitucional ha sido reiterado en esta columna desde hace muchos años, porque la contundencia del argumento es intrínsecamente de un derecho humano que trasciende las interpretaciones jurídicas.

Ahora, con la publicación del informe de la CIDH, un fenómeno meteórico político que trajo lluvia con granizo grande; rompiendo no pocos techos de vidrio que creían que sus cielos políticos estaban intactos, porque le habían apostado al articulado pétreo del derecho positivista, que insiste en querer justificar, con argumentos retorcidos, “la maldición generacional constitucional a hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, por actos cometidos por sus ancestros”.

Por ende, Zury Ríos, con los antecedentes jurídicos de su inscripción en el 2015 (a destiempo), que le permitió participar con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la cual resolvió que ella no tiene prohibición constitucional porque: “Ya que no se debe interpretar el Artículo 186 a la luz del método positivista tradicional; por lo tanto, la interpretación de esta disposición constitucional debe realizarse dentro del marco de la justicia y los derechos humanos”. Una resolución que se apoyó en opiniones consultivas de la CC; una de 1989 y otra en 1990. En ambas se concluye que: “El impedimento no existe en los períodos posteriores a la finalización del período presidencial o vicepresidencial constitucionales, o de facto antes descritos, porque el mantener la prohibición violaría el derecho político a ser elegido y generaría discriminación”.

No sería sorpresa, sino casi profecía anunciada, que nuevamente la hoja de ruta del grupo “pétreo” será apelar a la CC, a pesar de que ahora los humos soplan hacia la CIDH.

Pero hay otras preocupaciones que oscurecen las próximas elecciones. Ya se ha dicho hasta la saciedad que el hecho de que se haya prohibido el debate político desde “el 14 a las 14”, los ciudadanos con aspiraciones de participar en política, aun antes de ser nominados por algún partido político, andan agazapados, con una paranoia insana, temerosos de ser descalificados por una norma creada a propósito para evitar que el debate político sobre temas de profundo interés colectivo se aborden, discutan y analicen en las diferentes plataformas mediáticas que existen.

Lamentablemente las campañas serán mudas. Todo el esfuerzo proselitista se decantará hacia estrategias terrestres; de cacicazgos comunitarios; de “tarimazos”; de novilladas y tamaladas; de transportación y movilizaciones subterráneas con fondos espurios y una trazabilidad nula.

Desde hace años, las cámaras de Medios y de Radiodifusión solicitaron ante la CC que se declaren inconstitucionales al menos 7 artículos y 4 reglamentos de la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión contenidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Hasta la fecha, nada…