Estos días Guatemala ha comenzado a pasar por uno de los largos puentes que conducen de la tradicional podredumbre oficial al ejercicio obligatorio de perseguir y castigar a los funcionarios que, al margen de toda consideración moral, violan preceptos legales que pintan a la Administración pública como un conjunto de virtudes humanas en acción.

La directriz para el ejercicio de la función pública, está clara en la Constitución y en las leyes que la desarrollan.

La Constitución organiza al Estado jurídica y políticamente, y afirma la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Hace al Estado responsable de promover el bien común, la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz y le asigna también, entre otras tareas fundamentales, impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al Derecho. Proceder con apego al Derecho significa que los gobernantes no deben apartarse ni un ápice de lo que las leyes disponen. Y, ¿qué disponen? Pues, que las personas con cargos o empleos públicos sean decentes en su vida personal, tanto privada como pública, que no roben el dinero de los contribuyentes, que no lastimen la honra de los ciudadanos probos y que honren los puestos que les han sido encomendados, trabajando sin descanso en mejorar el nivel de vida de la población y comportándose de tal manera bien, que sean ejemplo a seguir por todos los habitantes del país.

Los representantes del Estado guatemalteco se han comprometido a ser ejemplares en todo, no solo por los mandatos constitucionales propios, sino por los compromisos adquiridos voluntariamente a nivel internacional al firmar documentos que condenan la corrupción en todas sus manifestaciones. Y algunos de ellos, elegidos por el voto popular, o nombrados, han procedido en sentido contrario, hasta colocar a Guatemala en la lista de los países más corruptos del mundo.

Recientemente llegó a mis manos un libro titulado Supremacía del Orden Constitucional en Guatemala, escrito por el doctor en Derecho Juan Carlos Medina Salas, actualmente magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. Se suma a otros libros más —no muchos, necesario y lamentable es decirlo, porque la frondosa actividad de la Corte, es fuente proficua que debería producir mayor cantidad de libros— escritos por otros magistrados en años recientes.

Otro problema es que estas obras, basadas en la experiencia de los magistrados, por el limitado número de ejemplares no llega al conocimiento de todos los jueces, magistrados, diputados y funcionarios del Organismo Ejecutivo, para su conocimiento de que si la tentación de delinquir es superior a las normas legales y al sentimiento ético que robustece la función pública, por lo menos delincan con conocimiento de causa, de tal manera que si les gusta el veneno, pues que mueran hartos.

La certeza de que la corrupción ha estado latente todos estos años en las esferas de los tres organismos del Estado, obliga a examinar los hechos a la luz de los deberes constitucionales: un presidente del Congreso de la República procesado y condenado por la desaparición de dinero perteneciente a ese organismo estatal; una presidenta de la Corte Suprema de Justicia encarcelada por la sospecha, por parte del Ministerio Público, de haber obstruido la justicia en un caso criminal; un presidente del Ejecutivo procesado, condenado, y recluido en una prisión; varios ministros, diputados, magistrados, magistradas, jueces, juezas, alcaldes, directores de la Policía y centenares de policías, sometidos a proceso. Y todo por creer que la impunidad reinará por siempre; pero, ahora se dan cuenta de que el molino de la justicia ha estado mejorando su capacidad de moler. Y, por ahora, este es buen instrumento para defender la Constitución.