Esta semana la Cámara de Industria (CIG) presentó el índice de la actividad industrial, el cual muestra un panorama realmente desolador: cayó un 4.6 por ciento en el primer semestre de este año. Este es un indicio más que se viene a sumar a casi todos los demás indicadores económicos que hay en Guatemala en apuntar que, nos guste o no, la economía de los guatemaltecos cada día se complica más. ¿Podemos hacer algo para enderezar el rumbo?

Según el índice presentado, los sectores más afectados son la minería, alimentos y bebidas, papelería, calzado, bebidas alcohólicas y restaurantes. Tanto Juan Carlos Tefel, presidente de la CIG, como Paulo de León, director de Cabi y quien elabora el índice, coincidieron en que la principal razón de la caída es la falta de certeza jurídica. De los datos queda claro que el sector más afectado es el minero, con una baja del 41 por ciento. Ello se debe al cierre por más de 400 días de Minera San Rafael, a la espera de que los magistrados de la CC resuelvan el amparo que la mantiene cerrada.

Mientras los magistrados se dignan a tomar una decisión, no podemos quedarnos sentados de brazos cruzados. Todos debemos esforzarnos más en nuestras actividades cotidianas. Aparte de nuestro propio esfuerzo, hay decisiones a nivel público que se pueden tomar que afortunadamente no dependen de los temperamentales magistrados. Ya se han tomado algunas decisiones en el Congreso que reducen las barreras de entrada para los emprendedores, pero todavía se puede hacer más, tanto a nivel de legislación como a nivel operativo, reduciendo los trámites y requisitos para el emprendimiento.

Uno de los obstáculos más importantes son las licencias de construcción que tardan una eternidad en ser aprobadas. Un porcentaje significativo del costo de cualquier vivienda, apartamento u oficina, es la licencia de construcción. No solo por lo que esta cuesta directamente sino principalmente por el costo de tener activos de millones de dólares tirados un par de años hasta que a los burócratas se les digne poner todos los sellos para aprobar las licencias. Y así, hay muchos otros trámites que solo sirven para encarecer los productos y servicios que se pueden y deben eliminar.

El Congreso debe cambiar la Ley de Zonas Francas. A estas alturas es evidente que el argumento utilizado por los burócratas de la SAT de que se “perderían” ingresos tributarios es completamente errado. Ellos operan bajo la premisa de que si las empresas ya no van a poder realizar sus operaciones en las Zonas Francas para aprovechar las exenciones fiscales, pero, más importante, la posibilidad de distribuir productos a otros países sin tener que pagar impuestos localmente, entonces felizmente se saldrán de las Zonas Francas y empezarán a pagar todos esos impuestos. No quieren aceptar que eso no es lo que sucede: lo que hacen las empresas es simplemente llevarse sus operaciones y sus centros de distribución regionales a otros países donde sí tienen ese tipo de legislación. Eso es precisamente lo que ha pasado en los últimos años. Ya no podemos seguir desperdiciando la oportunidad de ser el centro de distribución centroamericano solo por la insensata testarudez de los estatistas.

La junta monetaria debe bajar la tasa de interés líder, lo que contribuiría a hacernos más competitivos, con tasas de interés más bajas que incentiven tanto la producción como el consumo. ¿De qué sirve tener una de las monedas más fuertes del mundo si no se animan ni siquiera a poner una tasa de interés competitiva?

Y así como esas, hay muchas otras cosas que se pueden hacer casi inmediatamente. ¿Qué hace falta? Solo la decisión.

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