En las últimas semanas un diputado dijo, luego de haber dejado pasar de largo en el Congreso la iniciativa de ley que pretende subir la edad de matrimonio a 18 años, que eso era mejor dejarlo así porque, como es una cuestión cultural, seguro no pasaría a tercera lectura. Luego, en un foro reciente sobre niñez, un candidato vicepresidencial que, además, fue rector universitario, se escudó tras la misma coletilla cuando se habló del matrimonio forzado de niñas en nuestro país. Dijo que ese tema ni tocarlo, porque era cultural.

O es una cuestión de evidente ignorancia y desinterés, o es una respuesta generacional, o vivimos en un Estado patrimonial y una sociedad machista, o los políticos siguen sin entender la importancia de poner a la niñez en el centro de sus agendas, o los señores siguen creyendo que hablar de niñez es cuestión de señoras. O todo junto. El hecho es que un “padre de la patria” y un “académico de trayectoria” que quiere ser vicepresidente le dieron una nueva estocada a la democracia que anhelamos consolidar en Guatemala. Cabe esperar que la ligereza y fatuidad con que se expresan esos señores que tienen algún protagonismo no sea el reflejo de nuestro imaginario social.

Ninguna tradición es sostenible en el tiempo si atenta contra los derechos humanos de quienes la padecen. Puede ser una práctica milenaria, que igual hay que cuestionarla y cambiarla si va contra la razón y la dignidad humana. Estoy segura de que, con dolorosas excepciones de niñas muy violentadas, ninguna niña quisiera casarse a los 12, 13 o 14 años. Ni siquiera las adolescentes o jóvenes con cierta educación lo quieren hacer tempranamente. Pero resulta que Guatemala es la única nación de Centroamérica que permite que las niñas se casen, a veces incluso con la venia de las autoridades locales que efectúan el matrimonio, convirtiéndose así en cómplices de un delito.

Por lo tanto, que las niñas sean negociadas, regaladas u ofrecidas para convertirse legalmente en esclavas sexuales y quebrar su vida por la mitad, sin derecho a educarse, desarrollarse, trabajar, jugar o simplemente vivir, atenta contra sus derechos humanos esenciales. Además, las expone a embarazos tempranos y maternidades forzadas, una pandemia que tiene a Guatemala recibiendo, generación tras generación, a niños no deseados. Entre el 2009 y el 2012 se dieron 80 mil 151 matrimonios de niñas. Y si las cifras siguen asustándonos en el 2015, lo que más nos molesta es la realidad que tocamos todos los días quienes trabajamos con ellas. Este país abunda en niñas violadas y bebés no queridos. Así, ¿qué patria puede construirse?

No es normal, ni es cultural, ni es tradición, ni es deseable que las niñas se puedan casar a los 14 años en nuestro país, incluso si es con permiso de su padre y su madre. No es normal que haya una ley que mande que solo se puede votar hasta los 18 años, mientras que haya otra que dice que a los 14 ellas (y a los 16 ellos), se pueden casar si sus padres lo autorizan. ¿Quiénes habrán diseñado y aprobado una disposición tan estúpida y quiénes son ahora los responsables de no querer corregir ese error? Que la historia hable.

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