Parece fácil sustituirla. Se toma un lápiz, se pasa por el directorio telefónico, de la primera a la última página, y se encuentran miles de personas que llenan los requisitos constitucionales para optar a los cargos de presidente y vicepresidente de Guatemala. No se requiere especialidad alguna. Ni siquiera el de la reconocida honorabilidad.

La Constitución solo menciona tres requisitos: ser guatemalteco de origen, ciudadano en ejercicio y tener más de cuarenta años de edad. Seguidamente hay una lista de siete prohibiciones para optar a cualquiera de esos cargos. Una consiste en haber sido ministro de Estado durante los seis meses anteriores a la elección, lo cual descartaría al actual ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, el más importante colaborador del presidente de la República y el que más ha trabajado en el intento de cumplir la promesa electoral de disminuir la delincuencia en un cuarenta por ciento durante los cuatro años del período presidencial, propósito no logrado hasta hoy.

Y como se ha publicado, hasta la saciedad, actualmente funcionan organizaciones dedicadas a la compraventa de automóviles robados, robo de niños, robo de obras de arte pertenecientes a la Iglesia católica; venta de pasaportes falsos a inmigrantes de paso —hasta la nacionalización se ha vuelto mercancía—; ingreso ilegal de materias para elaborar drogas, distribución y venta de medicamentos adulterados o falsos.

Las redes mafiosas están en los tres organismos del Estado y en sus principales dependencias, convertidas estas en centros de operaciones de las actividades criminales, dirigidas por funcionarios y empleados públicos.

Es natural entonces que la sustitución recaiga en una persona que no sea del entorno del presidente. La Nación necesita un vicepresidente con personalidad propia y no con alma de esclavo. Y sobre todo que no sea sospechoso de haberse hecho de la vista gorda ante la penetración del crimen organizado en los centros de poder institucionales.

Un vicepresidente que comprenda —como se infiere del texto de la Convención Internacional Contra la Corrupción, de la cual es parte Guatemala—, que la corrupción destruye las esperanzas de muchos guatemaltecos porque “es una plaga insidiosa de amplio espectro, de consecuencias corrosivas para la sociedad; que socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Un fenómeno que se da en todos los países —grandes y pequeños; ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo, es decir, en países como Guatemala. La corrupción afecta infinitamente a los más pobres porque desvía fondos destinados al desarrollo, disminuye la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy grande para el alivio de la pobreza y el desarrollo”.

Como vemos, la sustitución de la licenciada Baldetti parece fácil, pero no lo es. Los candidatos a ocupar la Vicepresidencia, además de llenar los requisitos constitucionales, deben llenar otros exigidos por la dignidad del cargo. Son los que demanda el pueblo de Guatemala. Y si en la terna enviada por el presidente al Congreso de la República ninguno llena los requisitos mencionados, los legisladores estarán en la obligación política y moral de rechazar la terna presidencial, y solicitar una nueva que incluya nombres de personas incorruptibles, no comprometidas por acción, omisión o indiferencia con la deplorable situación que ha denunciado la CICIG.

Y a mí me parece que por estos días hay buen ambiente en el Congreso para cortar el cordón umbilical que lo subordina a los intereses del Ejecutivo.