El MP está llamado a presentar investigaciones sólidas que respalden sus acusaciones y los abogados defensores, a utilizar todos los recursos que les otorga la ley para cumplir con su tarea.

El problema comienza cuando la estrategia de la defensa se basa en el litigio malicioso, cuya única intención es procurar impunidad. Lo hemos visto en los juicios por delitos de lesa humanidad y, ahora, en los procesos por casos de corrupción.

Además de las tácticas procesales que mantienen entrampados por años los casos, uno de los recursos más extendidos ha sido la implementación de campañas de opinión pública para generar desinformación, confusión y deslegitimar la acción de la justicia.

Esta estrategia, que no es nueva, incluye espacios mediáticos y columnas de opinión. También las redes sociales y las “oportunas” declaraciones de expertos jurídicos que siempre descalifican el accionar de la fiscalía para dejar la sensación de que todo lo que se está haciendo no está apegado a derecho.

En el último tiempo, dado el activo rol que ha jugado la Cicig, la campaña pública ha incluido el ingrediente de la defensa de la soberanía frente a una supuesta intromisión extranjera, curiosamente esgrimida por sectores que la aplaudieron de muy buena gana cuando convenía a sus intereses.

El colmo fue escuchar al expresidente Otto Pérez victimizarse y sostener que las acusaciones en su contra son parte de un complot internacional por oponerse a los intereses de las grandes potencias. De más está decir que hasta ahora ha sido incapaz de desvirtuar alguna de las pruebas presentadas durante las audiencias orales.

Sin embargo, esta estrategia que tuvo poco éxito cuando los únicos que estaban detenidos eran políticos vinculados a casos de corrupción fue ganando impulso cuando empezaron las investigaciones y procesos penales contra otros actores, incluidos empresarios, banqueros y defraudadores de impuestos, esos a los que la gente común y corriente califica como “gente bien que no tiene necesidad de robar, porque ya tiene dinero”.

En ese momento los sectores de poder, sus voceros y algunos medios de comunicación que les sirven como caja de resonancia la emprendieron contra los jueces. El coro de voces que nunca se había preocupado del debido proceso, la presunción de inocencia ni los tiempos procesales, inició una ofensiva que combinó la victimización con la amenaza del retroceso económico y la falta de certeza para las inversiones.

Aunque con otros matices, el caso que involucra al hermano y al hijo del presidente Morales ha abierto un nuevo capítulo de la contraofensiva. Con una mezcla de argumentos ideologizados (la izquierda quiere tomar el poder por otra vía), victimización (cómo van a procesar a un patojo de 20 años que actuó así porque quería ayudar) y banalización del delito (fue muy poco el dinero si se compara con lo robado por el PP) han conseguido colocar otra vez la idea de que esto de la lucha contra la corrupción y la impunidad ha llegado demasiado lejos.

Los militares de línea dura que rodean al mandatario encontraron los argumentos que necesitaban para convencerlo de que está bajo ataque y que la dupla MP-Cicig es peligrosa, ya no solo para la estabilidad de la Nación, sino para la de su familia. Los sectores conservadores, por su parte, ven en esto una ventana de oportunidad (casi tan “esperanzadora” como la llegada de Trump a la Casa Blanca) para frenar los avances de los procesos que los involucran.

El punto no es qué están dispuestos a hacer, sino hasta dónde estamos nosotros dispuestos a permitírselo.