Como en otros períodos históricos, nuestro país atraviesa momentos muy riesgosos para el futuro que con tanto sacrificio y vidas valiosas hemos ido construyendo.

Hoy la democracia, ese sistema de vida que dicen que es el mejor y que nosotros todavía no disfrutamos plenamente, pues lo único que hemos podido hacer son ensayos frustrados, corre el riesgo de ser abortada. Tenemos una historia plagada de golpes de Estado, autoritarismo, racismo, desigualdad, marginación, pobreza, dramas sociales y conflictos armados. Ninguno de los gobiernos que hemos tenido, salvo en la llamada primavera democrática, ha asumido un plan para desarrollar el país con equidad.

La mayoría de gobiernos priorizaron la corrupción y el saqueo del Estado, hechos que casi nunca fueron castigados. La cosa pública ha sido vista con ojos insaciables y el erario ha sido un gran botín que se repartieron a diestra y siniestra. En esto contaron con la complicidad de actores externos, que a través de negocios ilícitos o de maniobras legales se enriquecieron o aumentaron sus fortunas, incluyendo a varios empresarios, a los que nunca les ha importado si las mayorías se mantienen en el abandono.

Cuando los civiles sustituyeron a los militares se pensó que iría mejor, pero la situación continuó, solo cambiaron los beneficiarios de los desmanes. Las estructuras enquistadas en las instituciones se han profesionalizado y mantuvieron el control, no solo de los recursos, sino del sistema legal y de quienes deben aplicarlo.

Se han mantenido tan ocupados llenándose las alforjas de dinero que el Estado está a la deriva, tanto, que fue penetrado por criminales y narcotraficantes, con la complicidad de funcionarios, lo que terminó de contaminar la institucionalidad, con la terrible secuela de que algunas poblaciones rurales y urbanas los ven como los benefactores colectivos y los ha defendido y reconocido como las verdaderas autoridades.

La corrupción no es patrimonio de un sector, de un gobierno o de algunos funcionarios, es una lacra social que penetra cuando no hay controles, no hay castigo, ni jurisdicción respetada y respetable. Es un mal del ser humano que no diferencia ideologías, es producto de la descomposición social y de la tolerancia o indiferencia con la que se ha permitido. Se ha cobijado en la impunidad que hoy se ve combatida, enfrentando a las actuales autoridades, que en un desborde de ambición decidieron cimentar la estructura y prepararse para trasladarla a sus sustitutos. No midieron los alcances que la Cicig ha tenido.

Hay tambores de guerra. Estamos al borde de una nueva confrontación. Ya hemos tenido experiencias anteriores y probablemente se repetirá la historia, con otras implicaciones, ninguna para beneficiar a los más necesitados. La prensa también recibe ataques. Es impredecible el final de esta historia. El presidente tiene una responsabilidad ineludible.

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