El escándalo desatado por el anuncio de la corrupción en la SAT es solo la punta del iceberg de lo que pasa en el Gobierno, pues la corrupción es generalizada, la vemos en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comunicaciones, en el Ministerio de Educación, por mencionar algunos; de allí nos vamos a la Policía Nacional Civil, a las fiscalías y al aparato judicial.

Lamentablemente las investigaciones en el caso de la SAT no llegaron al fondo y fueron presentadas pruebas débiles que a la larga no dejaran a nadie en la cárcel y los cabecillas del cartel ni siquiera fueron mencionados. El Gobierno anuncia que llamará a notables para que den ideas para fortalecer la SAT. Yo creo que por el momento se debe detener toda iniciativa que va en la vía de darle más poder a la institución, ni siquiera se debe hablar de aumentar la recaudación, pues ya sabemos en dónde pararán nuestro impuestos.

En el Congreso, que es otra fuente de corrupción, donde se cobran sueldos y dietas por no cumplir con su deber, ni siquiera hay sesiones, y tiene proyectos de ley para fortalecer a la SAT. Se debería retirar cualquier proyecto de ley relacionado con aumentar la capacidad de investigación de institución de marras. Existe algo relacionado con meter la nariz en las cuentas bancarias; ya nos imaginamos la nueva arma de corruptela que generaría la normativa.

Esta semana, los alcaldes de Sololá hicieron un atinado pronunciamiento respecto de la crisis, del cual citaré algunas de sus atinadas acotaciones y exigencias:

“Hoy tienen en sus manos la oportunidad histórica de reivindicar y hacer prevalecer un verdadero estado de Derecho”, finalizó el alcalde Chumil.

Lamentablemente las acciones se ven obstaculizadas por argumentos baladíes, como el que ha prevalecido desde la instalación de la Cicig, y es que se puede poner en peligro la institucionalidad, argumento que fue utilizado en el caso Rosenberg para no “tocar” a la pareja presidencial. Hoy vemos el mismo argumento repetirse hasta la saciedad saturando los medios en defensa de la institucionalidad. Ese argumento es vano y falaz. No se acabó el gobierno holandés por la renuncia de todo el gabinete cuando se descubrió que la primera ministra declaró que había mentido, y así ha habido otros casos donde la conciencia de los gobernantes existe, pero aquí parece que no está en su formación.

No podemos seguir pensando en que es la Cicig la responsable de las investigaciones y de la transparencia en este país; son nuestras instituciones las responsables y a quien le debemos exigir, Ministerio Publico, Organismo Judicial y, por supuesto, el Ejecutivo, que ha demostrado una debilidad en el cumplimiento de sus funciones, como lo demostró esta semana con el secuestro de dos fiscales en el área de San Marcos. Allí debería haber enviado al Ejército a capturar a ese líder comunitario extremista que ya rebasó el límite de la tolerancia, violando la ley y los derechos humanos.

Don Alberto Chumil, en nombre de los alcaldes, agregó que la vicemandataria debiera ponerse a disposición de la justicia para ser investigada, y así esclarecer si tiene o no alguna relación con la estructura criminal. Además, recomendó al presidente Otto Pérez no interferir en el proceso de investigación.

Si se sigue insistiendo en que la institucionalidad se ve afectada, si se llega a descubrir que las raíces de la corrupción están en las cabezas, entonces criemos otras instituciones.

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