Si Guatemala fuera un barco estaría de lado e inclinada por el peso del agua inundando sus entrañas. El agua de un sistema agotado filtrándose por las grietas de la politiquería y las debilidades estructurales de los tres poderes del Estado.

Un barco a la merced de los vientos mercenarios que persisten mantener un férreo control del timón político. Las palabras claves han sido siempre corrupción y clientelismo político. Hasta que la Cicig es reactivada por un personaje —Iván Velásquez— que sabe capitalizar el descontento popular y el agotamiento de una población que se había resignado a convivir en un barco medio hundido iniciando una serie de investigaciones que llegan a los más altos estratos del Gobierno. El resto es una historia que se está desarrollando y aún no termina.

Todo el peso político del proceso electoral gravita en estos momentos alrededor de un Tribunal Supremo Electoral enfrentado a una serie de dilemas legales mezclados incómodamente con consideraciones éticas, cívicas y una enorme presión de la ciudadanía. Las más difíciles: ¿Qué tiene preeminencia? ¿La Ley Electoral y de Partidos Políticos o la verdad de los hechos? ¿Se puede suspender a partidos políticos que abierta y sistemáticamente han violado las reglas de juego? ¿Cómo justificar no tomar en cuenta las ventajas competitivas que tales prácticas han concedido a unos canditatos en detrimento de los otros? ¿Es una excusa válida argumentar que la Ley Electoral y de Partidos Políticos no tiene el diente legal para sancionar a los que infringen sus normas? ¿Cómo balancear la normativa electoral con el derecho ciudadano? ¿Cuál debería ser la sanción si un partido político desafía una orden de suspensión de propaganda electoral y persiste en tal práctica? ¿Lo suspende? ¿Lo amonesta? ¿Le impone otra multa? Y si desobedece nuevamente, ¿qué? Estas son algunas de las situaciones que tiene en ascuas a los magistrados del TSE.

Para mientras, los casos de antejuicio continúan un proceso que se prolongará más allá de las elecciones. ¿Cómo conjugar dichos procesos con las realidades del calendario electoral? ¿Qué pasa si después de ser electo un candidato se le declarase culpable? ¿Y cómo interpretar las condiciones de idoneidad a la luz del Artículo 113. “Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.

Cualquier cosa puede pasar. Si bien es cierto que la última votación del TSE para suspender o no al partido Líder quedó 2 a 3, ese frágil balance se puede revertir con tan solo un voto dada la influencia que una nueva desobediencia podría causar.

Lo que la ciudadanía espera es que se cumpla el “espíritu de la ley”. Esto es, darle la preeminencia a la verdad de los hechos, frente a interpretaciones legalistas que impidan la justicia.

A tan solo 20 y pico de días del día de las elecciones, pulula en el ambiente una percepción de que el proceso no será expedito y normal sino contaminado de influencias espurias. Especialmente preocupante es si grupos de inconformes pudiesen tomar carreteras y causar desordenes que impidan a muchos guatemaltecos poder llegar a los centros de votación, especialmente en el interior. Ante ese escenario, el TSE no tendría más recurso que suspender las elecciones habida cuenta de que no existen las condiciones de seguridad y orden necesarias para llevar a cabo un proceso ordenado. No son pocos los que adelantan tal escenario.

Ojalá esto no suceda.

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