El puente entre un pasado de corrupción y violencia y un presente igual o peor, es la impunidad. La prueba son los actores de un oscuro pasado que siguen dando lata en distintos ámbitos del quehacer nacional, retrasando la posibilidad de conocer y vivir eso que llamamos Estado de Derecho. Basta ver el sonado caso de la recién desmantelada estructura llamada La Línea, una mafia de contrabando que dio inicio en los años setenta, principalmente vinculada entonces al Ejército.

Esa organización criminal millonaria ha tenido cancha libre durante casi medio siglo, y ha sido sostenida por un sistema bien engrasado y permisivo, fortalecido a pura corrupción, silencios cómplices, e impunidad. Luego penetró a la institucionalidad del Estado, hasta tocar múltiples niveles y sectores. Entre más gente iba entrando a la fiesta, más se iba protegiendo la estructura y más se cuidaban entre unos y otros para no machucarse la cola.

Lo que termina siendo evidente es que, cuando el contrabando de un país pasa de Q13 mil millones en un año, la falta de control que tiene un Estado penetrado por las mafias se desnuda por completo. A eso hay que agregarle una realidad que no se puede cuantificar debidamente, precisamente por tratarse de una actividad ilícita. Y la gente solo habla de productos, pero yo me atrevo a mencionar también el tráfico de personas, solo para no olvidar que los furgones no siempre llevan cigarros y azúcar. Ya tengo náusea de nuevo….

En términos ideales, frente a situaciones como esta, los socios “naturales” son la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) y el gobierno. Su tema son las mafias, no importa dónde hayan enraizado: instancias del Estado, bancos, empresas, etcétera. De hecho, esta vez las capturas se lograron gracias a la buena coordinación entre esa instancia internacional, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público. Yo estoy más que segura de que, de no ser por la Cicig, habrían pasado un par de décadas más para que este cartel hubiera sido desarticulado.

Va siendo interesante ver cómo se han ido desplazando y relacionando el capital tradicional y el capital emergente en nuestro país; cómo son pocos los dueños del capital (venga de donde venga) que se han interesado en serio por Guatemala y su gente. Algunos dicen que la diferencia entre ambos es una cuestión de tiempo, otros dicen que es de tiempo y forma, otros de legitimidad e ilegitimidad. El caso es que los hechos de hoy piden principalmente los lentes de la legalidad, la transparencia y la justicia. Las estructuras clandestinas que han dado vida a buena parte del capital emergente de nuestro tiempo, están muy relacionadas con la clase política, tanto o más que los grupos de poder económico tradicional. Allí hay siempre un tema, porque siguiéndole el trazo al dinero podemos leer la dinámica de las relaciones de poder en Guatemala.

Para muestra el pudridero recién destapado: nombres vinculados a estructuras paralelas de larga data como La Oficinita y la Red Moreno, tan cercanas al Ejército y al crimen organizado; nombres relacionados con instancias medulares para la salud financiera del Estado como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y las aduanas; nombres de personas que irónicamente ocupan cargos públicos ligados al combate de la transparencia como el de la Secretaría Privada de la Vicepresidencia. Aparece incluso el representante legal de un medio de comunicación. Solo así puede uno explicarse la pervivencia de las mafias.

Ahora toca ver si la independencia judicial existe, si la justicia es pronta y efectiva, si la sociedad va a darle un espaldarazo a este tipo de acciones contra la impunidad y si el Presidente alzará o bajará el dedo para que la Cicig permanezca en el país. Allí tiene las pruebas.

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