Las estructuras de impunidad y corrupción enquistadas en el Congreso y el Ejecutivo buscan convertirse en un súper poder para evitar la persecución de la justicia. La decisión presidencial de prohibir el ingreso al país a Iván Velásquez y el cerco migratorio contra los integrantes extranjeros de la Cicig forman parte del plan que ahora continúa en el Legislativo. ¿Cuál es la razón de que esas redes criminales estén tan temerosas y activas? Porque nunca antes en la historia reciente se había logrado arrinconarlas, lo cual ha sido el mérito del trabajo de la comisión de la ONU y del Ministerio Público. Como les funcionó el primer paso contra la Cicig, esas estructuras mafiosas tratan de aprobar la reforma a la Ley en Materia de Antejuicios, para convertir a los diputados en un poder absoluto que decida a quién se le retira la inmunidad y a quién no.

La reforma a todas luces inconstitucional eliminaría los pesos y contrapesos del sistema político para que solo uno, el Legislativo, pueda erigirse por encima de los demás. Así, la Corte Suprema de Justicia ya no sería el filtro de los antejuicios contra el presidente, vicepresidente, presidente del Organismo Judicial y magistrados de la CSJ, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, procurador de los Derechos Humanos, fiscal general, procurador General de la Nación, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y ministros de Estado. El Congreso se convertiría en una especie de Santa Inquisición para utilizar el antejuicio como arma política contra sus adversarios, lo cual es abiertamente inconstitucional. Las bancadas que impulsan esta aberración son las del oficialista Frente de Convergencia Nacional, Movimiento Reformador, Alianza Ciudadana, Partido de Avanzada Nacional, Todos, algunos diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza y varios independientes.

Esta reforma le tendería un salvavidas al presidente Jimmy Morales, que vería de esta manera salir de la solicitud de antejuicio en su contra que está en trámite, al igual que dejaría impunes a diputados como Felipe Alejos, señalado en el caso Traficantes de influencias. Si se llegara a aprobar esa enmienda, sería un duro golpe a la institucionalidad del país y efectivamente estaríamos ante el ascenso de un poder omnímodo corrupto e impune que nos devolvería al pasado. Lástima grande que Estados Unidos haya cerrado los ojos ante esta confabulación que va en dirección contraria a su tan publicitado apoyo para erradicar la corrupción y la impunidad. Desde luego, eso es producto del cabildeo y la campaña de desprestigio contra la Cicig que han impulsado en Washington con fondos de oscura procedencia. Tarde se dará cuenta la Casa Blanca de que le ha dado alas a las mafias enquistadas en el Estado guatemalteco.

Afortunadamente el Pacto de Corruptos no engaña a la ciudadanía. Esta semana hemos visto cómo en Quetzaltenango, San Marcos, Sololá y Totonicapán han expresado su rechazo a la prohibición de ingreso al país de Iván Velásquez y exigen que se levante la inmunidad del presidente, para que pueda ser investigado. A esas muestras de rechazo se agregan las movilizaciones de la AEU en la capital, entre cuyas demandas está la renuncia del presidente Morales. Asimismo, la firma Cid-Gallup dio a conocer una encuesta efectuada del 3 al 7 de septiembre, a nivel nacional, en la que 7 de cada 10 guatemaltecos rechazan la decisión presidencial de no renovar el convenio con la Cicig y el respaldo popular que tiene Iván Velásquez sube al 53 por ciento. En otras palabras, existe un repudio a escala nacional contra la imposición de la dictadura de las mafias y evidencia que si continúan con sus acciones pueden generar una crisis de incalculables consecuencias.

@hshetemul