Aunque a la fiscal general, Consuelo Porras, aún le queda un largo trecho por recorrer y para convencer, ayer rechazó cualquier posibilidad de manipulación de instituciones, en referencia al proceso aparentemente irregular para otorgar ascensos en el Ministerio Público.

Porras dio un paso importante en la defensa de la legalidad, si —como argumentó— las últimas designaciones que hizo la fiscal general anterior, Thelma Aldana, violaron procedimientos internos y se fundamentaron en irregularidades con el fin de colocar a varias personas en cargos sin que se siguiera el debido proceso.

Sin embargo, lo que no debió hacer la actual jefa del Ministerio Público es exponer a un desgaste innecesario su propia imagen y la de la institución, pues como suele ocurrir en las dependencias estatales, primero se supo la historia de los afectados y debieron transcurrir largas 72 horas para que la versión oficial se conociera, un indicativo que incrementa la sospecha de que el procedimiento seguido no fue el adecuado.

La primera línea de asesores de Porras también es responsable de esa lamentable percepción que se transmitió a los guatemaltecos, pues todo lo que se presentó ayer debió ocurrir el pasado viernes, cuando debió haberse ofrecido la conferencia de prensa para informar sobre las ascensos ahora revocados.

La actitud mostrada ayer por la fiscal general también fue muy diferente a la de anteriores ocasiones, en las cuales, pese a enfrentar casos de mayor trascendencia, ha sido sobria en su conducta. Esto contrastó con el énfasis y el carácter demostrado en un caso de gran importancia, pero de menor trascendencia que otros para el necesario y urgente combate de la nefasta impunidad.

Respecto de los nombramientos hechos por la anterior administración, se debe investigar a quienes pudieran haber incurrido en las irregularidades denunciadas, porque también es inaceptable el uso de cargos de poder para beneficiar a allegados o cercanos colaboradores sin cumplir con los procedimientos, lo cual puede incidir en una pérdida de independencia, ahora ella también se coloca en la polémica al darle luz verde a un pago millonario a proveedores que no quisieron hacer sus antecesoras.

En todo caso, el futuro del MP no queda del todo esclarecido, pues ahora debe iniciar un nuevo proceso para llenar las vacantes dejadas por quienes pudieron haber sido parte de un proceso anómalo para escalar posiciones. Lo deseable es que eso se haga a la mayor brevedad y no solo se cumplan a cabalidad los procedimientos, sino que a esos carguen lleguen quienes cumplan todos los requisitos para unirse al esfuerzo por reducir la impunidad.

Lo que ocurre en el seno del MP es de gran trascendencia porque es la única entidad que les ha demostrado a los guatemaltecos que es posible albergar esperanzas en el combate de las mafias de cuello blanco, como en los últimos años lo ha hecho, de la mano de la Cicig, lo cual permitió el destape de casos de corrupción que avergüenzan y por eso es fundamental lo que haga o deje de hacer quien lleva sobre sus hombros esa responsabilidad, como sería seguir con un millonario pago que debió haberse investigado.