La edad y ciertas experiencias han hecho que me distancie del concepto casualidad y me acerque al de causalidad. El pasado martes (casual-causalmente) concurrieron tres hechos. Uno, la presentación de un informe de Icefi, que sugiere variantes para recaudar más impuestos. Otro, las manifestaciones del comisionado de la Cicig, sobre la necesidad de un impuesto extraordinario, temporal y dirigido para financiar la justicia. El tercero, la receta de un nuevo bono para los integrantes de la CC, cifrado en más de Q70,000 para los magistrados.

El momento político-económico que vivimos es el peor de la historia para siquiera posicionar el tema. La cúpula del anterior gobierno y una serie de funcionarios públicos están en prisión por delitos como evasión y lavado de dinero o robo de fondos públicos, además de casi una treintena de diputados cuestionados/procesados por fechorías similares. Por si fuera poco, los sindicatos son señalados por gravosos convenios que desangran las finanzas públicas. El panorama se cierra con la discusión del presupuesto 2016, desfinanciado en casi 20% y del que el propio Icefi estimó un aproximado de Q20.8 millardos en riesgo de que sean malgastados, defraudados, robados o “perdidos”. ¿Se puede en ese entorno hacer propuestas como la de Cicig o recetar un bono “revolucionario” que se suma a otros extraordinarios con los que ya cuenta la CC?

La discusión de la reforma fiscal pasa por varias etapas previas y necesarias. Hay que transparentar el gasto público y hacerlo eficiente, eliminar privilegios fiscales, suprimir impuestos incompresibles como el boleto de ornato o los de ingreso a ciertas localidades (Puerto San José o Sololá). Es preciso dejar de castigar la propiedad, como hace el mal llamado impuesto de circulación que es, realmente, una carga a quien compra un auto nuevo y paga más que uno viejo cuando ambos circulan igualmente ¡Quizá el viejo debería pagar más por generar mayor contaminación! Hacer desaparecer el IUSI, también impuesto a la propiedad que uno compra y tendría que disfrutar sin que el municipio cobre por haber podido adquirir una casa y sacrificarse en pagarla. Hay que incorporar a la economía formal a unos 4.5 millones de ciudadanos que sencillamente no pagan ISR, aunque exigen “derechos sociales”, y hacerlos corresponsables. La indignación es de quienes ya pagamos no de Cacif o de ricos que se oponen al impuesto, como malintencionada y falazmente manifiestan algunos.

Absurdo solicitar un impuesto extraordinario para la justicia. La Constitución, en sus artículos 1 y 2, indica que la justicia es prioridad para el Estado. Por tanto, puede debatirse un impuesto para cualquier otra cosa, pero no para aquello que hay que atender prioritariamente. De ser así, hemos perdido, también, el norte constitucional y obviado el principal deber del gobierno. ¡Y eso es lo que ocurre!

Si no sabemos cuánta gente cobra del Estado, los pactos sindicales son, sin excepción, inútiles cargas que habría que declarar lesivos, se “pierden” aproximadamente Q20.8 millardos, los subsidios se otorgan con frescura y ligereza, los funcionarios tienen las prioridades cambiadas y muchas más cosas. ¿Por qué seguir aceptando esa estupidez de que “somos el país en que menos impuestos se pagan”?, especialmente para luego concluir que hay que pagar más, sin preocuparse de la trasparencia y la eficiencia que parecieran no interesar mucho. Hay que dejar de repetir sandeces que otros quieren oír.

¡Ni un centavo más hasta que las cosas estén meridianamente claras!

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