Reporteros Sin Fronteras (RSF) calificó como “un día histórico para la protección a los periodistas y también, esperamos, para la libertad de información”, la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la protección de los periodistas en zonas de guerra adoptada el pasado 27 de mayo y solicitó medidas concretas para garantizar la aplicación efectiva de la legislación internacional en materia de seguridad para periodistas.

Por primera vez una resolución adoptada por el Consejo de Seguridad hace mención al derecho a la libertad de expresión recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, afirmando que “el trabajo de los periodistas libre, imparcial e independiente, constituye uno de los pilares fundacionales de una sociedad democrática y, por ello, puede contribuir a proteger a la sociedad civil”.

“¿Cuántos periodistas tendrán que morir antes de que las Naciones Unidas ponga en práctica sus resoluciones? Es el momento de la acción concreta, de nombrar a un representante especial para la seguridad de los periodistas adjunto a la Secretaría General de las Naciones Unidas”, añadió la entidad, que recordó que más de 700 periodistas han muerto en el mundo en los últimos 10 años en el ejercicio de su profesión.

“Es vital que el Consejo de Seguridad continúe considerando la protección a los periodistas una prioridad y amplíe esta consideración a los periodistas no profesionales, tanto en tiempos de guerra como de paz”, aseveró RSF, añadiendo que la mayoría de los periodistas son asesinados por causas relacionadas con el ejercicio de su profesión en países considerados “en paz”, donde por lo general los abusos provienen de los gobiernos, de individuos poderosos o de mafias.

En nuestra región, el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edyson Lanza, en su informe anual 2014, cita entre los principales problemas los escasos avances para el ejercicio de la libertad de expresión; el aumento de la violencia contra periodistas; la expansión del derecho penal para sancionar expresiones de interés público; la falta de transparencia y límites a los programas de vigilancia electrónica y la concentración de medios y exclusión del sector comunitario en la agenda de asuntos pendientes. Recomendó a los Estados adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra comunicadores, incluyendo la condena pública a todo acto de agresión; la adopción de medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión; investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre los hechos de violencia cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social; el juzgamiento y condena a todos los responsables de estos hechos y la reparación adecuada a las víctimas.

Por su parte, la Unesco impulsa el Plan de acción sobre seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, considerando que dicha seguridad significa que no existan asesinatos y ataques físicos, impunidad en los crímenes contra los profesionales de los medios, encarcelamiento y detención arbitraria, exilio para escapar a la represión, acoso legal y económico, autocensura en las plataformas de medios e internet, ni destrucción o confiscación de equipos e instalaciones.

Mientras tanto, aquí en Guatemala seguimos esperando que nos den participación en la construcción del Programa de Protección que hemos propuesto.

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