La clase política se sigue mostrando reacia a asumir posturas más contundentes respecto de temas en los que la más elemental decencia exige un mínimo de condena o cuando menos no ponerse de lado de quienes cargan con suficientes evidencias de un mal proceder.

El pasado jueves, Estados Unidos lanzó un duro mensaje contra quienes se resisten a salir del modelo corrupto prevaleciente en muchos países como el nuestro, en los que es frecuente el abuso en los cargos y se dan claras violaciones a los derechos humanos, al anunciar la aplicación de la Ley Global Magnitzky contra tres latinoamericanos, entre ellos el diputado guatemalteco Julio Antonio Juárez Ramírez, del partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y al parecer cercano al presidente Jimmy Morales.

Sin embargo, lejos de recibir ese anuncio como corresponde, como un claro mensaje contra violadores de derechos humanos o personas corruptas, el mandatario optó por declarar que creía que el diputado Juárez se encontraba de viaje y que consideraba que lo recomendable era apegarse al debido proceso, un pretexto para asumir una actitud ambivalente cuando las circunstancias requieren posturas menos dubitativas.

Cuando se tiene meridiana claridad sobre lo que implica un señalamiento como el lanzado por los departamentos del Tesoro y de Estado no caben posturas tibias para pedir respaldo a al imperio de la justicia.

En vez de eso, el mandatario, una vez más, se limitó a repetir una frase que se ha vuelto común cuando se busca dudar de la aplicación de la justicia y por ello se pide el apego a los procedimientos, como si existiera alguna manipulación en el reciente despojo de la inmunidad al diputado Juárez Ramírez por parte de la Corte Suprema de Justicia porque se le involucra en la muerte de dos periodistas cuando él era alcalde de Mazatenango, lugar donde ocurrió el doble crimen.

Las máximas autoridades del partido FCN-Nación también debieron pronunciarse de inmediato, en vez de ocultarse y guardar silencio en un caso tan delicado como es cargar con la autoría intelectual de un doble homicidio y proceder con la separación de ese integrante de las filas oficialistas en el Congreso, por la gravedad de los señalamientos, mientras el sindicado esclarece su situación.

Desde ahí debieron darse las primeras muestras de distanciamiento con una figura que además arrastra un pasado polémico como funcionario edil y aun como diputado, que en apenas su primera legislatura traicionó a los votantes que lo eligieron como representante del desaparecido partido Líder y que rápidamente transfugó a las filas oficialistas.

Cuando se habla de respetar el debido proceso es porque se acude a la cantaleta para evadir ubicarse del lado correcto de los hechos, y sobre el diputado Juárez Ramírez no caben esos términos, pues debe dar la cara ante la justicia, y quienes gozan de cuotas de poder en Guatemala también deben ser congruentes con el mensaje de Estados Unidos de acorralar a quienes abusan de sus cargos, corrompen las instituciones o irrespetan el derecho a la vida, como es el caso de este mal representante del Congreso.