El asesinato de Rigoberto Lima Choc, defensor de derechos humanos y dirigente comunitario de Sayaxché, es un golpe muy duro en contra de las comunidades y del movimiento que busca justicia por el ecocidio cometido en el río La Pasión. Acribillarlo en plena mañana frente al juzgado que un día antes había resuelto suspender por seis meses la actividad de la empresa Reforestadora de Palma de Petén, S. A. (Repsa), supuesta responsable de la grave contaminación del río, es un mensaje muy claro para infundir terror.

El profesor Lima fue una de las primeras personas que denunció públicamente y ante las autoridades la grave contaminación causada en el río —tercera fuente hídrica en importancia ecológica en la zona norte del país— que provocó la muerte de miles de peces y otras especies y colocó en altísimo riesgo a las poblaciones, que además de abastecerse de agua para consumo y para el cultivo, basan en el río la mayoría de sus actividades. De acuerdo con la denuncia, la empresa habría violado la normativa ambiental, al no cumplir a cabalidad con los requisitos que se exigen, incluyendo la aprobación de un estudio de impacto ambiental. Atendiendo la solicitud de los querellantes adhesivos en el proceso, la jueza Karla Hernández, del juzgado penal de Petén, accedió a suspender temporalmente las actividades de la palmícola en prevención de un daño mayor e irreversible, y ordenó al MP que en este tiempo desarrolle la investigación para determinar lo sucedido en el área. Apenas quedaba en firme su resolución, cuando el señor Lima fue asesinado y otros dos comunitarios, retenidos por trabajadores de la empresa.

Pero lo sucedido en Sayaxché no puede verse de forma aislada. Alrededor del río La Pasión operan siete empresas dedicadas al cultivo de palma africana. Contrario a la anunciada prosperidad que estas inversiones traerían, el 76.3% de la gente en Sayaxché vive en situación de pobreza y el 29.4%, en pobreza extrema. Además, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU documenta numerosas denuncias recibidas sobre incumplimiento de salario mínimo y prestaciones, metas excesivas fijadas por la patronal, despidos masivos, discriminación salarial para las mujeres, abuso del periodo de prueba, entre otros. Por si fuera poco, todas las empresas gozan de exoneraciones fiscales por estar acogidas a la ley de “maquila”.

Lo que se impone es una investigación profunda de lo ocurrido en el río La Pasión, de la muerte violenta de Rigoberto Lima y de las amenazas que están recibiendo otros líderes y pobladores. Llegar al fondo del asunto y determinar quiénes fueron los actores materiales e intelectuales sentaría un precedente para evitar más violencia a partir de la impunidad. Pero se impone también un proceso urgente de atención y diálogo con la participación activa de las comunidades para resolver los problemas generados por las empresas de palma africana en todos los ámbitos, incluyendo las graves secuelas de la contaminación y la violación de derechos fundamentales. Seguir metiendo la mugre debajo de la alfombra solamente aumentará el rompimiento del tejido social y la violencia. Este sería un buen inicio para un gobierno que se autodenomina “de salvación”.