Los últimos gobiernos han dejado claro —con nitidez meridiana— el fracaso del intervencionismo estatal. El actual del PP, por si queda duda, le ha puesto el broche de oro que evidencia, más patentemente, algo que desde el pensamiento liberal se ha venido denunciando por tiempo.

Cuando el presidente del IGSS fue capturado se recluyó en un hospital privado. Esa incoherencia muestra —demuestra— que quienes dirigen instituciones públicas desconfían de ellas. No es nada nuevo, pero pareciera que calladamente aceptado. Los diputados —¡los honorables!— se recetan, a costa del erario público, seguro médico y de vida, aunque deberían velar precisamente porque el sistema estatal que promueven y sostienen funcione, y usarlo obligatoriamente. Cuando la ex vicepresidenta Baldetti recibió aquel cal-harinazo y se internó en un centro privado, en lugar de ir a un hospital público de esos que promovía y potenciaba desde el Ejecutivo. Algo similar ocurre con los magistrados de la CSJ, que huyen de la atención pública a la que obligan a ciudadanos y trabajadores. Si analiza el sindicato magisterial descubrirá tres cuartos de lo mismo. Muchos sindicalistas envían a sus hijos a colegios privados y evitan los estatales de los que viven y usan como excusa bochinchera, como señal manifiesta de la inconsistencia que mantienen. Este mismo razonamiento lo puede extender a otros muchos personajes e instituciones que predican con una mano exactamente lo contrario de lo que hacen, en silencio y escondidos, con la otra. Lo público, en el mejor de los casos, funciona mal; en el peor, es foco de corrupción ilimitada.

El actuar de quienes desempeñan función pública, como el de cualquier otra persona, es mejorar sus condiciones de vida en la forma que cada quien considera lo debe/puede hacer. Este principio, rector de la acción humana, suele ser ignorado por votantes emotivos y por políticos que enmascaran las verdaderas intenciones, además de por alguno que otro intelectual que se deja llevar por idealismos que la historia aparcó hace tiempo. La realidad es otra muy diferente y según el lugar, se combina con otros factores generando situaciones como la que vivimos en el país, que se viene incubando desde el inicio de la era democrática.

Parte de la culpa es “del sistema”. Es decir, del conjunto de reglas que rigen las relaciones gobernantes-gobernados, que no están claras, son muy amplias u otorgan privilegios a sectores políticos, empresariales, sociales y otros. No se cumplen por falta de voluntad o porque no se repara que sin justicia y respeto las relaciones humanas se quiebran y además, hay grupos de ciudadanos deshonestos que pretenden hacer del Estado un botín personal. Es por ello que el desastre que padecemos responde a un mal diseño normativo que sostiene el estatismo y es preciso modificar. No se puede llegar a un proceso electoral en idénticas condiciones a como se han venido dando. Eso sería un suicidio. Nadie desde el poder va a cambiar nada que le repercuta negativamente, más bien modificará lo que hay para que siga igual, pero con otra apariencia. Bajó la marea, y la ciudadanía puede observar a quienes estaban desnudos tomando el baño. Es momento de cambios profundos o incluso drásticos. Veremos llamadas a la calma de quienes quieren que las reglas no se modifiquen porque tambalea su futuro. El estatismo ha fracasado. Es hora de que cada quien asuma su responsabilidad y destino, y no dejar en manos de corruptos políticos el futuro propio y de nuestros hijos.

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