La planificación urbana debe estudiarse en forma metodológica, sistemática y permanente en la situación actual, con su dinámica social, crecimiento y desarrollo, para definir, coordinar y orientar las acciones dentro del ámbito económico y social específico de una zona, región, país. Es así como la sociedad se está enfrentado a otro conflicto urbano que vendría a sumarse a los ya existentes en el país, donde hay como 200. El nuevo bien puede sintetizar a todos los demás, como es la corrupción del Estado ampliamente explicada por las instituciones de control como el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Aunque se aprecian algunos patrones en la evolución de los conflictos sociales, no es posible explicarlos todos, pero este caso sí, pues configura actores particulares con su peso estratégico. En este conflicto del Estado se concentran el despojo, daños, división comunitaria, expresados en la organización de bandos beligerantes dentro del Gobierno, diferentes grupos sociales e internacionales, en que pueden llegarse a configurar actos de sabotaje violentos con interferencia de fuerzas internacionales. Existen recursos legales pero inefectivos y diálogos sin fruto para un gobierno paralizado y desestructurado, pues la corrupción ha abarcado altos niveles de la administración pública, incluyendo Presidencia y Vicepresidencia.

Dentro de este panorama se apela al sistema legal, pero este ha sido inoperante, buscándose medidas excepcionales para recuperar el orden, lo cual se presenta con el tiempo de la celebración de elecciones generales de la Nación, incluyendo las municipales, en que se juegan las políticas urbanas apropiadas para cada zona y región y, por consiguiente, la Nación. Pero fuera de la influencia que podrá tener el conflicto nacional en la administración pública central en las políticas urbanas, estas se ven envueltas en un torbellino existente entre administraciones. Con una Cicig y el Ministerio Público atrás, con su informe temático, en “Dinero y Política”, con alcaldes y candidatos cuestionados, urbes desintegradas, grandes rasgos de segregación en las periferias de las ciudades, con deficiencia en los equipamientos y servicios sociales, escasez de vivienda, dificultades de comunicación, malas condiciones en las viviendas, una pobre oferta cultural, más una marginación de la juventud que ha creado una conflictividad y violencia social que ha generado estructuras criminales como las maras. Esto ha ocasionado una baja en los valores sociales, permeando los ámbitos sociales, corrompiendo instituciones públicas y privadas, siendo el detonador para que la población urbana de todos los niveles se haya desplayado a protestar en contra de la corrupción, pues se ha visto afectada en que ven que sus fondos son utilizados para el enriquecimiento ilícito de otros en las administraciones estatales como en las municipales y problemas urbanos sin resolver con un futuro oscuro.