En el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo nace el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), una de las instituciones que más ha servido a la Nación en el aspecto social, específicamente en el área de la salud. En la constitución que se promulga se declara, en el artículo 63, “El Seguro Social Obligatorio”. Según el decreto del Congreso de la República, el 30 de octubre de 1946 se crea la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y se crean dos programas: a) I.V.S. (Invalidez, Vejez y Sobrevivencia) y el b) E.M.A (Enfermedad, Maternidad y Accidentes). Realmente es una institución idealizada para servir a los habitantes de este país, sobre todo los que menos recursos poseen, bajo el objetivo de que quienes más ganan y pueden financiarse sus tratamientos médicos en lo privado, en alguna forma subsidien a los que tienen sueldos más bajos y que acuden a sus centros hospitalarios.

La corrupción que se ha dado en esta institución realmente llora sangre, pues en esta ocasión ha alcanzado a enfermos renales que están en una constante lucha por sobrevivir. Lo que ha ocurrido es un atentado en contra de sus vidas al confiar su tratamiento a una empresa que gana el proceso de licitación por arreglos con funcionarios y no por méritos técnicos, como debiera ser. Esperamos que la ley llegue hasta las últimas consecuencias y los apresados que son culpables, realmente sean juzgados y cumplan las condenas que se les impongan. Los muertos por los tratamientos con la empresa Pisa son ya trece.

La situación no debe analizarse únicamente a la luz de este problema, también el Estado, en alguna forma, ha contribuido a su desfinanciación. Durante años, el gobierno y muchas municipalidades han dejado de trasladar las contribuciones que corresponden a la institución en una deuda millonaria.

Existe, además, el problema de que el Estado, al contratar personal bajo el renglón 029, cuyos salarios son los más altos en el Gobierno, exime tanto a la institución como al trabajador para realizar las contribuciones a esta institución.

Ante este ejemplo, que se da a partir del gobierno de Álvaro Arzú, la iniciativa privada también lo emula y principia a contratar personal por servicios profesionales, quitando automáticamente la obligatoriedad de contribuir al IGSS, tanto de la empresa como del trabajador individual. La cantidad de trabajadores que ya no contribuyen al Seguro Social es ya alarmante.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, administrado bajo una perspectiva de honradez y recibiendo las contribuciones que en ley le corresponden, sería una institución fortalecida que podría tener más hospitales de los que actualmente maneja, y proporcionaría un servicio de mejor calidad del que proporciona.

Para ello es también importante que cada trabajador de la institución reconozca que la bendición de contar con un trabajo se debe a la contribución de las personas a quienes sirve, y muchos deben cambiar su actitud para tratar a los pacientes y beneficiarios, al proporcionar un servicio abnegado, y con el mejor uso de los recursos con los que cuentan. Lo que sí debemos reconocer es que la institución ha sido de mucha bendición para los más desfavorecidos y desposeídos.

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