Los mensajes recibidos por el Servicio de Impuestos Internos de Chile hace algunos meses fueron anónimos. Luego vino la debacle. En Latinoamérica creíamos que Chile estaba vacunado contra la corrupción. Posiblemente, entre la población en general, sea así. O a lo mejor es un espejismo. En todo caso, en las alturas de aquel país, el aire se ha puesto denso, y no es solo a causa de la erupción volcánica. Un hecho inédito ha sembrado la semilla de la desconfianza. De paso, el caso Penta o Pentagate ha encendido la luz de alerta en países como Guatemala, porque da cuenta de lo que sucede cuando la institucionalidad es frágil y la legislación que regula el financiamiento político de los partidos, inexistente.

El caso chileno lo tiene todo: diputados y excandidatos a la Presidencia pidiendo sus mesadas para campañas electorales a Penta, uno de los grupos empresariales más fuertes de Chile. Ernesto Silva, el presidente del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), dando información a la empresa, vía internet, acerca del avance de un proyecto de ley. Pablo Wagner, subsecretario de Minería del gobierno del expresidente Piñera, recibiendo un sueldo extra de Penta durante su gestión.

Nunca antes Chile había sacado a luz pública un caso de corrupción de estas dimensiones, y hay evidencia que data de varios años atrás, más de 12. Seis implicados están ya en la Cárcel de Alta Seguridad de Chile cumpliendo prisión preventiva: Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ambos dueños del grupo Penta, señalados por evasión de impuestos y financiamiento irregular de la política (sobornos, para decirlo simple). Los otros son dos exfuncionarios de Estado asociados con la derecha chilena, y dos exgerentes de Penta acusados de cohecho y lavado de activos. También suenan los nombres de integrantes de otros dos partidos políticos y varias personas más. Esto ha representado una verdadera sacudida entre la población, y más aún entre los sectores empresarial y político. Según el magistrado que aplicó la sentencia, los seis sentenciados son un peligro para la sociedad, y las penas pueden llegar a 15 años de cárcel. Quién sabe hasta dónde se vaya a descubrir el pudridero, porque las investigaciones continúan y las principales inversiones de Penta están en negocios de previsión social, seguros, sectores inmobiliario y financiero, educación y salud.

El modelo político chileno se derrumba por el centro. El gobierno de la presidenta Bachelet ya envió al Parlamento un proyecto de ley para el financiamiento y gasto electoral que prohíbe a las empresas financiar a los partidos. Pensemos que el efecto dominó también funciona de sur a norte, y esperemos que vaya abriéndose paso hasta llegar a Guatemala, donde está pendiente una reforma profunda del sistema político del país hace ya más de una década. La ecuación es sencilla: mientras las empresas (o el crimen organizado en Guatemala) tengan la posibilidad de financiar campañas políticas y políticos en campaña, los conflictos de interés nacerán como la mala hierba, rápido y por todas partes, hasta ahogar la transparencia y la justicia, condiciones indispensables de cualquier democracia.

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