El llamado a la revuelta tuvo éxito. En 1968, París se llenó de juventud hastiada del dictado de una vida burguesa como única posibilidad. Francia retaba al héroe de la guerra, al presidente De Gaulle, para abrir la sociedad a la creatividad y las autonomías. El 13 de mayo, más de un millón de manifestantes sancionaban la toma de la Universidad de París y liberaban a los estudiantes presos por protestar, así como dejaban sin efecto las expulsiones de los que pedían la reforma universitaria y el cambio social.

Después, el Partido Comunista Francés abandonó la protesta, entre otras razones, por una serie de concesiones a los trabajadores. Los estudiantes se convencieron de que la revolución estaba liderada por Mao, el Che y Fidel. El filósofo Sartre reclamaba tener la razón, cuando proclamó que debía abandonarse la línea burocrática de los comunistas ordenada por la URSS.

La imaginación debía asumir el poder. De Gaulle accedió, el 31 de diciembre de 1970, cuando se decretó el final de la organización de la Sorbona que había funcionado, desde la reforma de Fauré, en 1896, como universidad nacional. Los profesores llamaron a integrar colectivos para definir proyectos académicos, así resultaron 13 nuevas universidades tanto multidisciplinarias como especializadas. Cada una representa una orientación académica que se valora por sus logros, egresados y producción científica. Nada de vacas sagradas, asnos de oro, ídolos de barro o cabezones favorecidos. La Universidad de París supone opciones.

La universidad es el ámbito de los profesores y alumnos, no de la administración, de los bedeles y los porros. ¿Por qué nuestra república debe mantener privilegios?

En Centroamérica, la época de una monopólica universidad nacional, ya pasó. En todos los países existen varias universidades públicas. Es cierto, que muchas de ellas fueron formadas para evitar el excesivo criticismo que llevaba a posiciones anarquistas incapaces de mantener el esfuerzo académico. No obstante, al romper el monopolio, se ha mejorado el nivel académico.

Existe la Universidad Ixil, la Universidad Maya Kaqchikel y tal vez haya más. Esas iniciativas tienen derecho a los fondos públicos que la Constitución Política de la República destina a la educación superior universitaria. Alguien dirá que las universidades privadas en general, también debieran tener ese apoyo. No obstante, lo definitorio es el carácter confesional de algunas. Dado ese carácter, no es posible acceder a fondos públicos, en razón de la necesaria imparcialidad en materias religiosas que debe sostener el Estado. En otros casos, no se debe cerrar esa posibilidad.

Es claro que no puede accederse a la pulverización de la universidad pública. En El Salvador, el proceso fue abierto y se reguló tanto por los costes como por el monto de las cuotas. Sin embargo, no se puede dejar a las fuerzas del mercado todo el asunto. Se necesita ciertas decisiones que comprometan la cuantía y distribución de los fondos públicos. Una agrupación semejante al Consejo de la Enseñanza Privada Superior, pudiera funcionar. Al inicio, no puede haber una igualdad absoluta en la distribución de fondos. Los planes de crecimiento de la institucionalidad existente, que conforman la actual USAC, deben ser garantizados.

La primera decisión reconocerá autonomía de manera regional. Los actuales centros universitarios, privados de todo autogobierno, deben ser universidades independientes, pueden conservar el nombre de USAC con un agregado numérico o apelativo regional. Frente a la propuesta del monopolio, quedan estos breves apuntes.

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