El 25 de abril de 2015, jornada en que desfilaron miles de guatemaltecos para expresar su rechazo a la corrupción, marca el inicio de la agonía del presente gobierno. Esta manifestación refleja la pérdida de legitimidad democrática y la ausencia de credibilidad política de sus máximas autoridades. La sola asociación con un gobierno de este tipo contamina, ofende, provoca desprecio.

Al enmarcarse dentro de este proceso agónico y de creciente estigma la iniciativa reciente del presidente de convocar a un grupo de expertos o notables para hacer propuestas de reforma de la SAT no puede sino cuestionarse seriamente. Primero, cuando el propio presidente es responsable de la destrucción de la SAT debido a los superintendentes que ha nombrado, o la vicepresidenta surge como sospechosa de haber contribuido a la defraudación de impuestos denunciada por el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la Cicig, es escasa la credibilidad de una iniciativa que lanza el propio presidente. No van a revertir en tres meses lo que hicieron durante más de tres años.

Segundo, a esta ausencia de legitimidad se une la poca credibilidad política que puede tener este tipo de iniciativa, especialmente cuando se restringe a un número limitado de economistas respetables que actúan con buena fe pero con orientación conservadora, seguramente con el visto bueno del sector privado pero sin la aprobación del conjunto de la sociedad civil. Aun cuando los miembros de este equipo no lo quieran, la interpretación de que se trata de una simple estratagema para “limpiarle la cara” a un gobierno agónico responsable de la crisis de la SAT resulta válida. La propia propaganda del gobierno acerca de la creación de esta comisión como una muestra de que quiere resolver el problema de la SAT lo demuestra. El objetivo de la iniciativa presidencial es político; no es una simple propuesta “técnica” y, por consiguiente, requiere una respuesta política.

En este contexto, en que la asociación con el gobierno contamina y condiciona los resultados, se justifica plenamente la idea de que una propuesta para renovar a la SAT surja de la sociedad civil. Resulta fundamental que no esté amarrada a intereses empresariales o condicionada por temores de que se destapen otras fuentes de corrupción con un involucramiento aún mayor de las autoridades actuales. Por ello es que la propuesta del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) de definir una hoja de ruta y de incluir una propuesta que se refiera al corto, mediano y largo plazo es absolutamente fundamental. Este tipo de propuesta, sujeta a un amplio proceso de consulta ciudadana, es lo que debería ser la base de un sistema de administración tributaria reformado y efectivo. Ojalá que las próximas autoridades del poder Legislativo y Ejecutivo aprueben acciones y cambios legislativos surgidos de la propuesta del Icefi una vez que este gobierno haya terminado su mandato. Mientras tanto, se vuelve fundamental que el Ministerio Público, con el apoyo de la Cicig, continúe con sus investigaciones en la SAT para destapar los focos de corrupción que aún persisten.

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