Un abogado debería ser ejemplo de moral y rectitud, no solo en el ámbito profesional, sino también en lo personal. Pero algunos de ellos, en el ejercicio de su carrera o de una labor pública, trasladan las inmoralidades de su vida privada al plano profesional y es por eso que la sociedad se muestra temerosa ante los eventos electorales de este Colegio, cuyas elecciones se llevaran a cabo la próxima semana.

Esto pone nerviosos a todos, porque el Cang participa en la Comisión de Postulación que elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Fiscalía General y tiene un representante en la Corte de Constitucionalidad.

Sobre todo, considerando que para el sistema de justicia es vital la transparencia de la elección del próximo fiscal general, que hoy, más que nunca, se ha visto cuán importante es, y del que se espera un desempeño impecable en la cruzada contra la corrupción.

Esta elección es delicada porque es bien sabido que existen grupos de poder, tronos, vacas sagradas etc., que buscan influir a través de esa entidad en los procesos para obtener cuotas importantes de poder.

El papel del Colegio de Abogados dentro de las comisiones de postulación debería ser de absoluta transparencia, profesionalismo y visión de un mejor país, porque durante años algunos presidentes de la junta directiva en funciones han jugado un deplorable papel, alejándose del verdadero compromiso ante su gremio y ante la sociedad, plegándose a intereses oscuros y espurios.

Por otro lado, el hecho de que el Colegio de Abogados participe en la integración de comisiones de postulación es peligroso y ya debería cambiarse, pues lo convierte en juez y parte, porque, ¿con qué independencia podría desempeñarse un juez, en un caso en el cual participe un abogado a quien le debe el “favor” de ocupar dicho cargo?

La sociedad está harta del actuar antiético o sesgado de algunos abogados que son la vergüenza de ese gremio, que —por culpa de ciertas “manzanas podridas”— está altamente desprestigiado.

Estos malos profesionales han contribuido considerablemente al debilitamiento de la justicia en Guatemala, sin que hasta ahora se les ponga un alto. Y es allí donde debe sopesarse el papel del Tribunal de Honor, que por cierto es vital, porque es el órgano que recibe, conoce y tramita las denuncias que se interponen contra los colegiados que falten a la ética profesional.

El Colegio de Abogados tiene su propio Código de Ética, que le impone serias responsabilidades frente a su cliente, ante sus colegas, pero sobre todo con los tribunales y demás autoridades. El Tribunal de Honor se ocupa muchas veces de perseguir las conductas antiéticas de colegiados para con sus clientes, lo cual está bien, pero deja de lado las faltas de muchos asociados que ocupan cargos públicos, judicaturas, etc., que con sus acciones dañan a la sociedad.

Debe ser una exigencia real que se castigue con sanciones gremiales a los abogados que, siendo jueces, quebrantan la obligación de impartir justicia pronta y cumplida, a los empleados o funcionarios públicos que exigen o reciben sobornos.

La justicia no es solo patrimonio de los abogados; por el contrario, es un bien común que nos interesa a todos, y por esta razón estamos llamados a exigir que todo lo que la rodee esté acompañado del mejor elemento humano.

Da tristeza ver que en cada elección del Cang se postulan, sin ruborizarse siquiera, algunos abogados impresentables que han estado detenidos, involucrados en actos ilegales o cuyos nombres son ampliamente conocidos, no solo en el medio, sino públicamente, como representantes o defensores de personajes oscuros.

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