La ley es una herramienta, uno de los inventos creados para lograr espacios de paz y convivencia en armonía, pero nuestra cultura del formulario ha hecho que valoremos más los requisitos que la razón. Así las cosas ha llegado, en nuestro medio, a tal la torpeza que algunos tildan la exigencia de llevar a cabo elecciones libres y justas como una cuestión ideológica, cuando velar por la pureza del sufragio es obligación de todos.

En Venezuela, por ejemplo, la derecha hace lo posible para exigir transparencia de las autoridades para lograr un contexto mínimo que permita a la oposición acceder a cargos públicos por vía electoral, pero el dinero público se usa para financiar partidos oficiales. La OEA, con su habitual indiferencia, cierra sus ojos, se guarda la Carta Democrática Interamericana para sus anaqueles y legitima, como sea, las “elecciones” venezolanas.

El manoseo nicaragüense a su Ley Electoral y sobre todo la opacidad de su autoridad electoral es evidente pero lograron “validar” fraudes, reformas electorales y hasta reformas constitucionales vía una absurda y vergonzosa sentencia dictada por “jueces sandinistas” declarándose la inconstitucionalidad de la constitución con todo el dolo posible y así lograr que Daniel Ortega siga de “Presidente” y socio de empresas inversoras en la “tranquila Nicaragua”.

En su momento, la derecha peruana con Fujimori hizo gala de fraudes de forma asquerosa e impune, fueron varios los sectores que incidieron para modificar aquella realidad y las denuncias actuales en México paran el pelo a cualquiera, el crimen gobierna regiones y para muestra basta ver la prensa diaria.

En Guatemala algunos sectores conservadores se contentan con llevar a cabo “elecciones”, sabiendo que el proceso apesta. El dinero de la corrupción salpicó a muchos y la plata de la droga inundó a la política, se especula que hasta dinero extranjero fue donado en camionadas a candidatos, se violentan de forma abierta los mandatos del TSE y es clara su pérdida de autoridad. Se manosea el sistema constitucional y se utiliza lo más sagrado de la democracia, como es una elección. Es absurdo no hacer nada cuando el proceso electoral está plagado de violaciones, pero como debemos llenar el “requisito”, prohibido por la ley —sea dicho— de que delincuentes por medio de sus delitos opten y accedan a cargos públicos, insisten en ejecutar la ilegalidad, el TSE no aplica ni los correctivos que tiene vigentes.

En una democracia se respeta el pensamiento ajeno, pero pretender llamarse “democrático” porque debemos hacernos los babosos de la cochinada, es ilógico y absurdo. La pureza de la elección no es un tema ideológico, es esencial para la República; si no lo vemos así es cuestión de semanas emular los fraudes de la derecha peruana o de la izquierda nicaragüense. ¿Eso queremos?

¿Estaremos conformes con convertirnos en el nuevo Mexiquito donde el narco financia, con evidencia, a candidatos y autoridades?