Una de las principales virtudes que deben tener quienes dirigen la política de una nación es la honestidad. Ello no solo incluye el tema del manejo de fondos, sino la actitud y comportamiento en el cumplimiento de las leyes, ya que faltar a las mismas, sobre todo con el conocimiento del caso, hace evidente la falta de honradez.

Cuando un pueblo no le da importancia a que sus gobernantes les roben y posteriormente se dejen convencer porque les dicen cosas que ellos quieren oír, a través de una buena oratoria, y los aceptan o inclusive admiran, deberían tomar en cuenta con la experiencia pasada que está avalando la ruptura de la ley. Asimismo, si la población no toma en cuenta el historial de honradez de los candidatos, recibirán las consecuencias de su error, avalando el dicho “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”.

La ruptura de la ley contra la propaganda anticipada, cometida durante tres años, no ha sido tomada en cuenta, y el castigo aplicado por el incumplimiento de la misma es ridículo, si se compara con el beneficio electoral obtenido y con los gastos que se incurrieron al quebrantar la ley.

¿Qué puede un pueblo esperar si quienes rompen la ley gobiernan? En la actualidad, los partidos invierten sumas millonarias para obtener el apoyo de los potenciales votantes, y al lograrlo, estando fuera de la ley, dan a la población el mensaje de que cometer delito funciona.

El pensamiento torcido que inculcan los candidatos que rompen la ley, reza: es un tonto quien no se aprovecha de la debilidad en la aplicación del castigo legal, haciendo un menosprecio desvergonzado a quien no se aprovechó de ello y desvalorizando a quienes podrían hacerlo y no lo hicieron, ya que quienes financian a los candidatos, se dan cuenta de que es difícil competir por el atraso y no quieren arriesgar sus finanzas; en vez de razonar, tomar el riesgo y dar apoyo a quienes estando preparados, honrados, cumpliendo con la ley y luchando por un gobierno de justicia y oportunidad.

Algunos miembros del Tribunal Electoral defendían su ineficiente trabajo diciendo que, por primera vez, habían multado por realizar una campaña anticipada; las multas impuestas son tan ridículas que no pueden justificar su miedo o impotencia; tomemos en cuenta que, si el límite para la campaña son Q54 millones, suma ridícula, cuando varios candidatos han gastado más de Q300 millones; ello por lo menos se debería castigar sacándolos de la contienda si hicieran más gastos de campaña, y, si tuvieran corazón recto y valiente, eliminarían al candidato y al partido que descaradamente se ha burlado de la ley.

Si tomamos en cuenta que una concentración de 30 mil personas, viniendo del interior a la capital, tiene un costo que oscila entre Q500 y Q1 mil por persona; con dos o tres manifestaciones de ese calibre, se acabarían los fondos que autoriza la ley.

Nuestro deber ciudadano implica exigir que haya honradez, con una justicia que actúe acorde a la falta y se aplique el castigo correspondiente.

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