Algún día transitaremos por supercarreteras espaciales, pero eso está lejos, aun para quienes vivimos en ciudades de concreto. Y más lejos aún para las más de 10 millones de mujeres rurales que viven actualmente en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En su mayoría, indígenas o campesinas que trabajan cada día entre 15 y 18 horas, y desempeñan un papel fundamental en las frágiles economías rurales. Además de cuidar a niños y ancianos, temprano van a hacer masa para las tortillas, atienden a los animales, alimentan a la familia, van a buscar agua y leña, cuidan los huertos, siembran y cosechan el maíz. Y encima de todo, trabajan fuera de su casa muchas veces porque no alcanza el dinero, y además participan activamente en sus comunidades.

Nadie les paga ni reconoce nada, pero son fundamentales para la cohesión social, la sobrevivencia familiar y el bienestar comunitario. En temas como la seguridad y soberanía alimentaria son imprescindibles, pero en censos y estadísticas no se calcula su aporte económico y ni siquiera son consideradas población ocupada. En toda América Latina, apenas 17 de los 58 millones de mujeres rurales son reconocidas como parte de la población económicamente activa. Esto se quedaría a nivel de queja si no fuera por sus graves consecuencias: cuando ellas tratan de optar a programas estatales de adjudicación de tierras o de fomento productivo, no son consideradas aptas porque en su documento oficial de identidad dice que su ocupación es la de “ama de casa” y no “agricultora”, por ejemplo.

Y a pesar de que en nuestros países existen leyes que reconocen la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la realidad es otra. En la práctica, esta brecha hace que las mujeres rurales tengan cada vez menos tierra, de peor calidad y con menor seguridad jurídica. Ellas poseen apenas el 12% de la tierra en Honduras y utilizan el 15% en Guatemala. En el caso de El Salvador, solo el 13% de los títulos de propiedad están a nombre de una mujer. En Nicaragua, el 23% de las explotaciones agrícolas están manejadas por mujeres, siendo mucho más pequeñas que las que manejan los hombres.

Muchas veces, ellas cultivan una tierra que no es suya y que han conseguido por medio del alquiler, la mediería, el préstamo o el colonato. Esto condiciona lo que siembran, el tiempo y modo de la siembra, y encima las obliga a entregar una parte de la cosecha o del dinero al propietario de la tierra. Además, la expansión imparable del monocultivo industrial (entre 1990 y 2010 las áreas para el cultivo de caña y palma africana se duplicaron y cuadruplicaron respectivamente en la región), hace que cada vez les resulte más difícil encontrar un pedazo de tierra para cultivar porque los precios se han disparado. Estos y otros datos están en un importante estudio de la Red Centroamericana de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas (Recmuric).

Sin tierra no hay créditos ni asistencia técnica para ellas, y quedan fuera de los programas estatales de inversión productiva; además, son más dependientes de los hombres, más vulnerables ante cualquier forma de violencia, y participan menos en la toma de decisiones familiares y comunitarias. El sistema así lo ha establecido: el que tiene, manda. Por eso, cuando las mujeres ejercen su derecho a la tierra, aumenta su autoestima y la aceptación social hacia ellas. Esto repercute en el bienestar familiar, porque cuando deciden sobre el gasto, está probado que ellas priorizan la inversión en alimentación, salud y educación de los suyos. En términos de productividad, esto ayuda a erradicar el hambre y la pobreza rural, y mejora los niveles de empleo e ingresos en las economías locales.

La pena es que la conciencia siempre llega tarde a muchos lugares, cuando apenas quedan buenas tierras por distribuir, en un marco de desorden territorial y de reparto injusto y desigual de la tierra; cuando aún hay grandes obstáculos culturales, legales e institucionales para reconocer a las mujeres como propietarias. Llega cuando la pregunta es: ¿ahora que muchas de ellas ya se saben sujetas de derechos y capaces de producir, cómo podrán ejercer esos derechos si ya no hay tierra?

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