Tengo frente a mi mesa una vista espléndida del río San Pedro. Justo ahora un colibrí corteja una flor buscando sus labios de miel. Y al fijar la vista hacia el río, diviso una mancha negra alargada, flotando serenamente sobre la superficie. Es Bobiches un lagarto, así apodado, que merodea con frecuencia el Centro Biológico Las Guacamayas, en el corazón de la Biosfera Maya, ubicado en el norte de Petén, cerca de un antiguo campamento chiclero llamado Paso de Caballos, ahora convertido en todo un pueblo.

¿Qué tiene que ver el vuelo del colibrí o el merodeo de un lagarto con las intenciones del vicepresidente Biden —en su reciente visita a Guatemala— para negociar la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) a cambio de un millardo de dólares para la región? Fondo, por cierto, sujeto a una muy improbable aprobación por un Congreso muy confrontado? Nada.

Lo único cierto es que sobre ese tema se han formado dos convoyes de apoyo y rechazo, esgrimiendo argumentos a favor y en contra de la permanencia de ese órgano de las Naciones Unidas arribado a tierras nacionales en tiempos de Portillo. Una Cicig con un track record de logros muy lejos de los objetivos que justificaron abrir nuestras entrañas a una auscultación y acompañamiento íntimo, que con los comisionados D’Allanese y Castresana llegó a extremos de embarazo para todos, incluyendo para la propia Cicig.

Quizás otra situación sería si este comisionado hubiese venido antes, pero el hecho es que tiene que caminar sobre el vidrio roto de sus predecesores y la credibilidad de que otro período “ahora sí” sería diferente, contrastan con los ocho años anteriores.

Los que están a favor insisten en que el sistema de justicia —léase el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Organismo Judicial— se encuentra en tal estado de deterioro que hace imposible poder investigar, detener y llevar a juicio a narcotraficantes, además de controlar las redes de corrupción que pululan en todo el Estado, desde las alturas hasta la llanuras.

Y que, por ende, por no contar con esa capacidad; por estar cooptados por esas diversas mafias, que solo un organismo internacional como la Cicig, con el apoyo de los países amigos, sus recursos, su presión y vigilancia, podrían iniciar el lento proceso de recuperación de la gobernabilidad y la institucionalidad y desintegración de mafias diversas.

Insisten en que ahora tiene una hoja de ruta diferente que “pretende atacar la corrupción judicial y estructuras paralelas de poder que están determinadas a controlar las instituciones nacionales de justicia a través del poder económico o político. También el financiamiento de partidos políticos y/o relación de miembros de organizaciones criminales con actores políticos. En narcotráfico y lavado de activos que la Cicig desarrolla en al menos siete casos de investigación”, dicen…

¿Quién no quisiera una Cicig con tal capacidad funcionando a todo vapor dentro de un entorno estatal que así lo permitiese? Pero seamos realistas. La actual Cicig —no solo no tiene esos poderes y capacidades—, dado lo puntual y limitado de su mandato, sino que está obligada a utilizar un sistema judicial severamente restringido en su independencia y funcionalidad. Las Comisiones de postulación son un ejemplo de lo mal que estamos.

Enfrentamos una problemática que va más allá de contar con una minúscula cabeza de playa llena de expertos e investigadores internacionales investigando selectivamente esto sí y aquello no… como ha ocurrido recurrentemente en los últimos años.

Guatemala requiere de una renovación de su sistema político porque ese sistema está agotado y enfermo, debido a las deficiencias de la propia Constitución y a la politización de la justicia.

Si lo anterior no es cierto, que la Cicig se quede.

alfredkalt@gmail.com