La declaración del senador estadounidense Patrick Leahy de apoyo a los fiscales de Guatemala, El Salvador y Honduras es un espaldarazo no solo a su labor investigativa, sino a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en un momento clave cuando se requería el reforzamiento de las posiciones en favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción. En las últimas semanas se ha visto cómo las fuerzas retrógradas han tratado de reagruparse bajo el criterio de que con la próxima llegada de Donald Trump a la Casa Blanca todo también se modificará y le podrán decir adiós a Iván Velásquez y a Thelma Aldana. No solo estamos hablando de los sectores políticos oscuros que han sido afectados por las acciones que han encabezado el MP y la Cicig, sino también se incluyen las “buenas conciencias empresariales” que abominan la forma en que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha sacado los trapitos al sol de los defraudadores del fisco.

Precisamente en las últimas semanas los sectores empresariales han lanzado una campaña para hacer ver la necesidad de detener la lucha contra la corrupción con el supuesto de que está causando desprestigio internacional y ha generado temor en la inversión, entre otros puntos. Hemos visto las reuniones que la cúpula del sector privado ha tenido con funcionarios del Ejecutivo como medidas de presión. Por supuesto que la batida contra la corrupción es bien vista siempre y cuando pase muy de lejos de las estructuras del Cacif y sus socios. Puede ser bien visto que los políticos corruptos estén en el bote, pero cuando esa acción se extiende a las fuerzas productivas, entonces ya no es cool. De ahí que algunos sectores empresariales hayan visto con buenos ojos la llegada de Trump porque podría representar el retorno de los tiempos en que la corrupción es buena cuando es buena para los negocios.

El mensaje de Leahy permite ver que existe claridad en las acciones que se desarrollan en el Istmo desde la perspectiva de Washington: “Muy a menudo los fiscales generales han resultado corruptos y han estado involucrados con el crimen organizado o si no han sido acosados y amenazados al punto que han desistido de emprender casos contra las élites poderosas o, en otros casos, han dejado el país por su seguridad y la de sus familias. Pero hay señales de que las cosas están cambiando para mejorar. Hoy en día, cada uno de estos países tiene un fiscal general que está trabajando para terminar la historia de impunidad que ha permitido que casi cualquier persona, incluyendo miembros de la Policía y las fuerzas armadas, pudiera cometer los más atroces crímenes sin ser castigados”. Según el senador demócrata, “en el Congreso de Estados Unidos reconocemos los desafíos y peligros que enfrentan y les expresamos nuestro firme apoyo. Ninguna democracia puede sobrevivir sin un sistema de justicia que tenga la confianza y el respeto del pueblo”.

Esas palabras no caen en saco roto, al contrario, lo han reiterado en varias ocasiones Velásquez y Aldana, la lucha contra la corrupción no es una cuestión de moda, sino que es una constante. Así también se ve la ayuda de EE. UU. a esta causa: “En mi calidad de presidente o miembro del Comité de Apropiaciones, el cual financia nuestros programas de cooperación externa, continuaré apoyando a los fiscales generales que han demostrado valientemente su compromiso con la defensa del Estado de Derecho”, expresó Leahy. Desde esa perspectiva, el próximo año se vislumbra como muy positivo para la lucha contra la corrupción en nuestros países.

@hshetemul