Es preciso reconocer que ciertas políticas públicas para atajar hechos de violencia contra la mujer han sido conquista de movimientos feministas. Sin embargo, como otras muchas políticas, se han sustentado muchas veces en emociones más que en realidades, y el resultado final es el desvío de dinero público para activar soluciones que no contemplan el fondo del problema. La emoción, manipulada mediáticamente con inusual y hembrista algarabía, opaca la razón y obnubila al ciudadano confiado.

Leemos casi a diario columnas de opinión relacionadas con la violencia contra la mujer —especialmente a niñas—, referidas tanto a agresiones físicas como sexuales. Los números del Inacif indican que entre 2011-2015 fueron asesinadas 2,820 mujeres, pero también 22,601 hombres (700% más) y que aparecieron 135 cuerpos desmembrados/decapitados: 47 de mujeres y 88 de hombres (90% más).

La reflexión inmediata —no ideologizada ni repleta de emoción— es preguntarse qué sentido tiene continuar abriendo fiscalías de delitos contra la mujer en lugar de ser más eficientes e invertir en fiscalías que investiguen delitos contra la vida, que es precisamente el problema del país.

Ahora que se debate sobre la justicia indígena, también es preciso presentar algo que tampoco leerá en esas columnas de opinión. En lo que se refiere a agresiones y violencia sexual, en el mismo periodo de tiempo, hubo 28,046 contra mujeres y 3,330 contra hombres (12%). Lo que no se agrega es que el porcentaje de hombres agredidos creció 200% respecto del 100% de mujeres. Tampoco comentan que, excluyendo el departamento central, de los siete con mayores índices de violencia sexual y agresión, cinco cuentan con mayoría de población indígena, según el censo del Inde: Quezaltenango, Alta Verapaz, Chimaltenango, Quiché y Huehuetenango. Habría que preguntarse y analizar si la justicia indígena está siendo eficaz en combatir ese tipo de delitos o hay algún “desajuste” en relación con las tradiciones ancestrales. Se sabe que muy esporádicamente azotan al culpable o lo destierran, algo muy alejado de estándares internacionales en relación con el tema. ¿Seguimos cerrando los ojos mientras nos engañan con verdades a medias? ¿Pueden —o quieren— las autoridades ancestrales enfrentar los feminicidios y la violencia física y sexual en sus comunidades?

Cuando se desea posicionar argumentos, hay que hacerlo con la razón que otorga la realidad y el número de denuncias. El gasto público debe enfocarse sobre lo que nos agobia: la violencia, no sobre caprichos de género, modas, victimización o grupos que se abastecen con donaciones y fomentan campañas mediáticas y ejercicios de interpretación artificial de una realidad que no se corresponde con las estadísticas. Es preciso recordar, porque se sigue olvidando, que el continente con más casos de homicidios de mujeres respecto de hombres es Europa, con un 27% —Global Study on Homicide 2011, página 64— y, en particular, son los países nórdicos —Dinamarca, Finlandia y Suecia— los líderes en la clasificación de violencia machista. Por cierto, algunos los que más “ayudan” con sus donaciones para “solucionar” aquí justamente los problemas que ellos mismos padecen gravemente.

Centrémonos en el tema, pero con seriedad. Somos un país muy violento, y eso es precisamente lo que hay que combatir. Lo demás son modas, presiones de grupos de interés, hembristas desbocadas que repiten un discurso incoherente y otras cuestiones que para nada contribuyen a mejorar la situación. ¡Dejémonos de pamplinas! y si queremos contribuir a mejorar el país seamos serios y hagamos el reclamo adecuado, y sin manipular datos.

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