al analista no comprometido, solamente le queda nutrirse en estudios de fuentes internacionales.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es una de esas fuentes. Estudia el comportamiento económico y las proyecciones sociales de los países miembros y en ello le resulta obligado ocuparse de los pobres en Guatemala.

En su sitio oficial mantiene desde hace tiempo la denominada Ficha estadística de Guatemala, un estudio con los siguientes apartados: 1. Contexto general del país; 2. Contexto social; 3. Contexto económico y 4. Saldo de la deuda pública.

La información está actualizada hasta 2010, pero su estructura y exposición tienen una validez permanente, útil para comparar la situación de hace cuatro años con la actual.

Por aparte ha publicado en noviembre de 2013 otro documento referente al desarrollo experimentado en Centroamérica, Belice, Panamá y la República Dominicana.

En sus evaluaciones —cito un solo asunto— reproduce conclusiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), las cuales indican que la deuda de todo Estado debe estar en niveles de entre el 25% y el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) para poder tener una buena calificación soberana que garantice el respaldo de país, situación “que en Centroamérica solo se presenta en Guatemala con un 24.9%”, lo cual —opino yo— parecería una buena nota. Pero, en el capítulo referente al contexto social, pinta un panorama deprimente de la población guatemalteca.

A principios de este año, el banco se contó entre los donantes de dinero a la organización Un techo para mi país (Guatemala). El banco se ha unido, también, a la Unión Europea en un proyecto destinado a mejorar las condiciones de vida en cinco o seis municipios de los más pobres, con una asignación inicial equivalente a 18 millones 400 mil quetzales; esfuerzo plausible que apenas se acerca a la orilla de la solución del problema, por cuanto la pobreza se extiende a más de cien municipios, afectando particularmente a los pobladores del área rural.

Actualmente, la población guatemalteca es estimada en poco más de 14 millones de habitantes y los expertos estiman que dentro de siete años más la población será de 18 millones aproximadamente.

Lo dramático de esos números es que a la par del crecimiento de la población, crecen también la pobreza, el analfabetismo, el desempleo y la delincuencia; se encarecen en forma exorbitante los servicios básicos prestados por el Gobierno, las municipalidades y las empresas privadas; disminuye el poder adquisitivo de la moneda nacional y, en general, continúa en ascenso el coste de la vida, con un añadido de desgracias que es innecesario repetir por ahora.

¿Qué hacer? Pues, si alguien lo supiera el gran problema ya no existiría. El Programa del Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (PNUD) tiene, sin embargo, su particular forma de ver las cosas y lo dice con una dulce sinfonía de palabras: “En definitiva, la seguridad humana se expresa en un niño que no muere, una enfermedad que no se difunde, un empleo que no se elimina, una tensión étnica que no explota en violencia, un disidente que no es silenciado. La seguridad humana no es una preocupación por las armas: es una preocupación por la vida y la dignidad humanas”.

El problema es que aquí no hay una orquesta política que pueda interpretar bien esa música.