Si bien la atención de la sociedad ha estado enfocada en el sistema político, en particular en quienes llegan a la función pública y la desvirtúan con su conducta, debemos reconocer que los problemas de corrupción e impunidad no se circunscriben a la casta política; el funcionamiento de los entramados delictivos termina involucrando a ciudadanos y grupos sociales de la más variopinta gama, aunque frecuentemente este actuar pase bastante más desapercibido. El caso más notable es el de los empresarios que obtienen importantes beneficios y privilegios con sus contubernios con funcionarios públicos. De estos esperamos todavía que el MP y la Cicig nos hagan saber en las próximas semanas.

Sin embargo, quiero referirme hoy al papel que juegan algunos profesionales de la medicina en la perpetuación de la impunidad. Hay médicos que se prestan a certificar un diagnóstico espurio o sobredimensionar una dolencia preexistente que se “agudiza repentinamente”, con lo cual un sujeto cuestionado por la ley logra guarecerse en un hospital o sanatorio privado en lugar de enfrentar la justicia. Hay también hospitales y sanatorios privados que acceden a recibir en su recinto este tipo de pacientes, responsabilizando enteramente al médico tratante por su ingreso, cuando es sabido que sin el consentimiento de la administración del hospital, ningún paciente permanece dentro del recinto. De esa manera, ambos elementos del subsistema de atención privada de salud pasan a convertirse en comparsas de la impunidad.

Recientemente hemos visto dos casos de alto impacto empleando este subterfugio. Si no hubiera sido por la enorme sanción social que se generó contra los médicos y los nosocomios que las acogieron, posiblemente ambos estarían todavía eludiendo la prisión. El primero fue el señor Juan de Dios Rodríguez, expresidente del IGSS; el segundo, la mismísima señora Baldetti. En ambos casos está el agravante de que las acciones por las que estas personas están siendo investigadas y guardan prisión preventiva han tenido efectos devastadores sobre los servicios públicos de salud y la vida de personas concretas.

Una parte de la institucionalidad mandada a evitar estos artilugios funcionó: en su momento, el Inacif procedió y dictaminó la improcedencia de la hospitalización tanto de Rodríguez como de Baldetti. Ahora, su papel se ve desafiado nuevamente por el Centro Médico Militar, pues médicos no identificados están certificando que la señora Baldetti deba mantenerse en dicho nosocomio. Nadie proscribe el derecho a recibir atención médica, pero otra cosa es usar ese derecho como una forma de eludir el destino que se ha labrado.

¿Y el Colegio de Médicos y Cirujanos? En silencio. ¿Cómo no —dirán algunos—, si su propio representante ante la Junta Directiva del IGSS está en la picota?

En este cambio de época, queremos ver también que las instituciones de la sociedad civil, entre estas los colegios profesionales, juegan su papel en el rescate del país. El silencio tácito ante estas y otras situaciones demerita al gremio en su conjunto y nos convierte en cómplices de la impunidad. Señores de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos: ¡Sacúdanse ya el polvo, por favor! Los entes gremiales deben servir para algo más que emitir constancias de colegiado activo. ¡No pueden seguir con su cabeza bajo la tierra como el avestruz, pretendiendo que todo lo que ocurre no es con ustedes!

El juramento hipocrático nos compromete no solo con cada paciente en particular, sino con la sociedad en su conjunto.