La idea de crear un nuevo impuesto temporal no es nueva, pero el contexto guatemalteco sí lo es. Después de las multitudinarias manifestaciones de abril a agosto y de presiones de diversos actores se alcanzó un resultado concreto: juicios en contra de antiguos funcionarios acusados de ser corruptos y castigo electoral de algunos candidatos. Aparte del costo político, el riesgo de ser enjuiciado como resultado de acciones corruptas aumentó. Por ello, argumentar que no deben aumentarse los impuestos porque solamente beneficiarán a los corruptos ya no es válido. Varios observadores lo han dicho: ya nadie está por encima de la ley. Quedarán casos pendientes por resolver, pero la tendencia es inequívoca. El nuevo gobierno enfrentará un contexto de menor corrupción. Ya no hay excusa para no pagar impuestos.

Hay otro argumento que ahora se está utilizando: se dice que al reducirse la corrupción se liberarán recursos, lo cual hace innecesario aumentar los impuestos. El Cacif ha señalado que alrededor de un 30% del presupuesto es objeto de corrupción y malgasto y que se pueden ahorrar esos recursos al reducir la corrupción. Pero esta afirmación es incorrecta. La investigación en que se basa este dato es un informe de Icefi y Oxfam, donde se señala que un 30% del presupuesto corre el peligro de ser objeto de corrupción, debido a que los controles no son adecuados. Pero ello no significa que ahora tendremos 30% de recursos adicionales disponibles. Eso es una falacia. Del 30% identificado por Icefi y Oxfam seguramente una proporción alta era objeto de corrupción antes y ahora esa proporción es menor: no por más controles sino por el terror que personas potencialmente corruptas tienen a ser enjuiciadas. Y habrá algún ahorro, pero no equivalente al 30% del presupuesto. Su generación será gradual, a medida que vayan mejorando los procedimientos de contratación y de gasto público en general. Por otra parte, buena parte de la corrupción ha afectado a los ingresos tributarios. El caso de La Línea se originó en la SAT. En la medida que la SAT se transforme en una organización de administración tributaria diferente, honesta y eficaz, y con claras líneas de mando, se generarán nuevos recursos. Tomará tiempo. Pueden esperarse mejoras en el gasto y en la administración de impuestos, pero tomarán tiempo. Frente a ello, la idea de un impuesto temporal a ser pagado por los más ricos, aunque tenga un costo político y no sea la solución óptima, sirve para colocar en la agenda el tema de la extrema escasez de recursos fiscales que enfrentará inmediatamente el próximo gobierno. Conviene discutirlo. La oposición atávica del Cacif a cualquier impuesto, y especialmente si afecta a los más ricos, es congruente con su falta de compromiso con un desarrollo nacional que beneficie a todos. Pero eso no debe conducirnos a descartar un arreglo en que se combinen acciones transitorias para aumentar los recursos fiscales con mejoras duraderas en la administración tributaria y en la gestión del gasto público, todo ello dentro de un marco de estricta rendición de cuentas.

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