Ante el claro consenso en no ceder un centímetro en la lucha contra la corrupción y arremeter en consecuencia contra la diversidad de mafias responsables de afianzar la cleptocracia en Guatemala, es indispensable no bajar la guardia y mantener las exigencias de depuración en aquellas entidades con la arraigada creencia de prolongar un estado de la intolerable y vergonzosa impunidad.

En esos penosos esfuerzos no están solos el Legislativo y el Ejecutivo, pues la Corte Suprema de Justicia también continúa dando muestras de una bochornosa conducta en la misma dirección, ya que sus actuales integrantes fueron nombrados por diputados de las afortunadamente desaparecidas agrupaciones politiqueras Líder y Patriota, aunque pese a ya no existir estas, persiste una inexplicable conducta reacia a los urgentes e impostergables cambios.

La actual integración de la Corte Suprema de Justicia presenta claras evidencias de esa cooptación del Estado, pues tres de sus integrantes originales están bajo diversos procesos judiciales, por su falta de ética en la administración pública y porque quienes tienen el predominio de los votos se muestran proclives a mantener el statu quo.

Ayer se cumplió el segundo día de convocatoria para elegir al nuevo presidente de ese importante poder del Estado y se llegó al extremo de que no fueron presentadas ni siquiera propuestas. Un vergonzoso silencio sirvió de marco para la retirada de los magistrados, no sin antes ser convocados para un nuevo intento el próximo martes 3 de octubre, cuando quedarán 10 días para el relevo.

El grupo predominante no solo incumple con el acuerdo del año anterior, cuando se quedó con la presidencia a cambio de cederla este año, sino está haciendo evidente un intolerable compromiso con quienes insisten en mantener un modelo atrofiado por el constante abuso y el saqueo de los recursos públicos, todo lo cual debilita el fortalecimiento de la justicia.

Ese tipo de acciones mantienen al país sumido en la peor crisis institucional de su historia, porque quienes tienen la posibilidad de incidir en promover cambios optan por darle la espalda a una población indignada por los altos niveles de corrupción, lo que incrementa la desconfianza en las autoridades, a quienes tampoco parece importarles la igualmente oprobiosa imagen que se proyecta hacia la población y al exterior.

Quienes insisten en mantener un pulso en favor de aquellos opuestos al avance de la justicia le hacen un enorme daño a las instituciones y no deberían confundirse con creer que pueden tener éxito en esa perversa tarea, pues a lo más que podrían llegar es a obtener victorias pasajeras que terminarán revirtiéndose, porque a todas luces es un contrasentido restarle esfuerzos a la desarticulación de las mafias incrustadas en el Estado.

En Guatemala está seriamente erosionada la credibilidad de los máximos órganos de poder y hoy el ala mayoritaria de la cúpula de la CSJ ha dado un nuevo paso en alimentar esa idea, lo que redunda en un beneficio directo a las distintas estructuras mafiosas, que han convertido al país en un paraíso de la ilegalidad, lo cual acrecienta la justificada percepción de que son las autoridades las que más debilitan la dura lucha contra el crimen.