La situación de abandono en que el Estado tiene a la niñez y adolescencia se mostró la semana pasada en su máxima expresión. Tuvieron que morir quemadas vivas 40 niñas para que el país volviera sus ojos hacia un serio problema y observara a un presidente que ante la tragedia se mostró impávido, como si fuera de palo. En CNN, Jimmy Morales llegó a reconocer, sin inmutarse ni mostrar rasgos de dolor, que sabía que las víctimas habían sido encerradas bajo llave por funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS). El cinismo del mandatario llegó al grado de decir que las habían encerrado para “evitar una tragedia” como la que se vivió y que estaban bajo “medidas de seguridad necesarias, incluida la llave”.

El hogar desde hacía años había dejado de ser seguro para adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar y bajo la responsabilidad del Estado. Ese lugar se había convertido en un verdadero infierno. Desde el 2013 se conocían denuncias de violaciones, abusos, malos tratos, comida descompuesta y demás vejaciones contra las internas, que se agravaron con la sobrepoblación. Las instalaciones tenían capacidad para atender a 400 menores, pero llegó a superar los 700, entre ellos hombres y mujeres en conflicto con la ley. Esa situación estalló la tarde del 7 de marzo cuando las internas se rebelaron y unas 60 escaparon. Los videos de esos hechos muestran cómo ese lugar más parecía un centro de detención que una casa hogar. Las voces de las niñas volvieron a repetir las denuncias de abusos y malos tratos, pero en lugar de escucharlas sobre ellas cayó la represión.

En qué cabeza cabía encerrar a varias niñas en un cuarto, bajo llave, como castigo. El hogar se había convertido en una cárcel. Y lo peor es que el presidente dijera que sabía que sus funcionarios tomaron esa decisión para evitar una tragedia. Una soberana estupidez. ¿Quién prendió el fuego? La versión oficial dice que las menores quemaron colchones, pero varios cadáveres quedaron irreconocibles y expertos estiman que la temperatura habría llegado a 900 grados. ¿Es eso posible con simples colchones quemados o hubo sustancias inflamables y mano criminal, lo que implicaría una masacre? ¿Por qué nadie auxilió a las víctimas si, como dice el presidente, la llave estaba a buen resguardo? Hay versiones de testigos de que los funcionarios de la SBS no permitieron dar ayuda a las víctimas. Es necesario hacernos estas preguntas porque quienes murieron quemadas vivas fueron niñas que no merecían el trato de un campo de concentración nazi. ¿Dónde estaba el amor que necesitaban para poder ser útiles a la sociedad? Al contrario, encontraron a funcionarios incapaces de entender aspectos pedagógicos y psicológicos en un lugar de refugio como la casa hogar.

En esa responsabilidad estatal no escapa el Organismo Judicial. Quizá por provenir de hogares pobres, las niñas maltratadas no estaban en la lista de prioridades de esa institución y por ello se prolongó en forma indefinida su permanencia en la casa hogar. No había concepto de protección, sino de encierro como si las víctimas de violencia intrafamiliar se hubieran convertido en delincuentes. Las instalaciones habían dejado de resguardar a niñas sin amor y se habían convertido, a ojos de las autoridades, en una correccional. Solo así se entiende que los jueces enviaran a ese lugar a menores que habían cometido delitos. Hoy lo menos que podemos esperar es una investigación profunda que alcance a toda la cadena de mando y que haya justicia por este acto criminal cometido contra víctimas indefensas.