Las organizaciones de izquierda se lanzan a tratar de romper el orden constitucional como la única alternativa que les queda para tomar el poder, para ello han aprovechado la iniciativa de muchos ciudadanos que han hecho despertar al país del letargo en que se encontraba.

Los grupos radicales ahora tratan de engañar a la población, haciéndola creer que la solución está en detener el proceso electoral y hasta tienen posibles candidatos para que se haga un gobierno de transición; por supuesto, todos de su misma ideología, vamos a ver qué apoyos obtienen de sus amigos financieros de diferentes partes del orbe, pues al final eso es lo que andan buscando.

Lógicamente, la indignación de la población se acrecentó cada día más al ver la inacción de las cortes y otras autoridades, pues en realidad todos los hallazgos de corrupción, las denuncias de violaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la inscripción de candidatos con antecedentes penales, han hecho que el proceso eleccionario no sea transparente y apegado a derecho.

La realidad pareciera ser que las diferentes instituciones del Estado están en un malévolo contubernio, el Ministerio Público presentando pruebas débiles e insuficientes, la Corte de Constitucionalidad emitiendo resoluciones endebles y timoratas, el Congreso alineado favoreciendo a los partidos mayoritarios, no digamos las magistraturas que se toman todo el tiempo del mundo.

Definitivamente se apoyan en las pésimas leyes que por primera vez hubo necesidad de aplicar, como son aquellas que regulan el antejuicio, ley que no especifica los plazos y en otros casos esos plazos son excesivos, como es el caso de los sesenta días que tiene un juez pesquisidor para presentar las pruebas necesarias para ligar a proceso a un funcionario corrupto. ¿Qué es eso? ¿Será para darle tiempo a que borre y desaparezca las pruebas o hasta él mismo? Imagínense que cuando el antejuicio es conocido en el Congreso y este no se pone de acuerdo, dice la ley que el expediente se debe guardar, no dice si se guarda por un mes, un año o para siempre. Aquí es donde vemos que los corruptos jamás harán modificaciones a las leyes que los favorecen.

Recordamos cuando, en el gobierno de la Democracia Cristiana, un diputado asesinó a su conviviente. A pesar de testimonios y pruebas contundentes, el Congreso, que en ese tiempo era una aplanadora, jamás le removió el derecho de antejuicio al encausado. Recordemos que entre gitanos no se leen la mano.

Todo esto decepciona cada vez más a la población, y las autoridades parecen no darse cuenta del linchamiento político que se les viene. Esperamos que no sea como cuando se depuso al dictador Manuel Estrada Cabrera, donde la turba enardecida gritaba: ¡Saquen otro toro! Y los funcionarios, uno a uno, fueron recibiendo su merecido.

Lógicamente, los grupos antisistema están capitalizando este malestar popular para su beneficio y saben que la única alternativa para llegar al poder es la vía de romper el orden constitucional.

Hoy se supone que estarán ya tomándose algunas medidas por parte de quienes convocan a un paro nacional, lo cual definitivamente es dañino para el país, pues si afecta en cierto grado la economía de los grandes empresarios, a última hora los más damnificados serán los trabajadores que con el día a día llevan el sustento a sus hogares. Desde luego, a los activistas del CUC Codeca y FNL no les importa, pues ya tienen llenos sus bolsillos con las donaciones de la cooperación extranjera.

Los organizadores del paro dicen que exigirán justicia, y no a las buenas, ya que han pedido a las buenas y se les ha ignorado.

Las cosas no se arreglarán recurriendo a la violencia; solo será con justicia que estaremos en paz.

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